El presidente Nayib Bukele, declaró este lunes que no permitirá el regreso a Estados Unidos del ciudadano salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado erróneamente y actualmente se encuentra recluido en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), bajo acusaciones de actividades terroristas.

Durante una rueda de prensa tras su encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, Bukele aseguró que no existe base legal para repatriar a Ábrego García. “Tiene una orden de deportación definitiva. No puedo introducir ilegalmente a un terrorista en territorio estadounidense. La pregunta es absurda”, expresó el mandatario salvadoreño.


A la reunión asistieron altas autoridades de ambos gobiernos. Por parte de Estados Unidos estuvieron presentes el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el subjefe de gabinete Stephen Miller y la fiscal general Pam Bondi. En representación de El Salvador, participaron la canciller Alexandra Hill Tinoco, la embajadora en Washington Milena Mayorga, y los ministros de Justicia y Seguridad, y de Defensa Nacional, Gustavo Villatoro y René Merino Monroy, respectivamente.

La controversia se intensificó luego de que el gobierno estadounidense admitiera el sábado que Ábrego García fue deportado por error y que se encuentra con vida en una prisión de alta seguridad en El Salvador. Así lo confirmó el funcionario del Departamento de Estado, Michael Kozak, quien comunicó a la juez federal Paula Xinis que el detenido “se encuentra seguro y bajo la jurisdicción soberana de El Salvador”.

El fallo de la Corte Suprema de EE. UU., emitido el jueves, respaldó una orden previa de la juez Xinis que exigía facilitar el retorno del migrante. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han señalado que ya no tienen competencia directa en el caso, ya que Ábrego se encuentra fuera de su jurisdicción.

El caso ha generado tensiones diplomáticas entre ambas naciones, con posturas encontradas sobre cómo proceder en una situación que involucra tanto derechos humanos como asuntos de soberanía nacional y seguridad internacional.

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