El Gobierno de El Salvador ha solicitado una nueva prórroga del régimen de excepción, argumentando la necesidad de continuar con las medidas de seguridad debido a la persistente actividad criminal de las pandillas, que ahora, según el Ejecutivo, involucra de manera destacada a mujeres que han adoptado posiciones de mando dentro de estas organizaciones. Esta 37ª prórroga entra en vigor este domingo 6 de abril y busca mantener el control sobre las estructuras criminales que operan en diversas regiones del país.
En el decreto aprobado el 1 de abril, el Gobierno resalta el «éxito» de las medidas implementadas bajo el régimen de excepción, pero subraya que la situación sigue siendo crítica. Según el documento, «hay evidencia» de que las pandillas continúan operando, y que mujeres vinculadas a estos grupos han ascendido a cargos de liderazgo, lo que contribuye a la continuidad de los delitos. Este argumento también fue mencionado en la 36ª prórroga, lo que ha generado dudas en algunos sectores sobre la falta de detalles específicos respecto al papel de las mujeres en las pandillas.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública reitera que las mujeres ahora tienen un rol crucial en las operaciones de las pandillas, orientando las acciones delictivas y manteniendo la estructura criminal. Sin embargo, tanto las autoridades como el gabinete de Seguridad han sido esquivos en cuanto a ofrecer más información detallada sobre estas afirmaciones, dejando abierta la interpretación del impacto real de esta dinámica.
Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, destacó la importancia de que el gabinete de Seguridad proporcione mayor información a la población. «La ciudadanía necesita estar informada sobre las nuevas formas delictivas que están emergiendo para poder protegerse adecuadamente», señaló.
En contraste, Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico, criticó la falta de claridad en las declaraciones oficiales. Escobar cuestionó cómo es posible que, con más de 85,500 presuntos delincuentes ya encarcelados y la supuesta desarticulación de las pandillas, el Gobierno afirme ahora que son las mujeres las que están tomando el control de la criminalidad. «¿Por qué, si se han invertido millones en el control territorial, hoy dicen que las mujeres lideran el crimen?», señaló Escobar, sugiriendo que estas afirmaciones podrían ser utilizadas como justificación para la extensión del régimen y la restricción de derechos humanos.
Como consecuencia de la aprobación de la 37ª prórroga, continúan suspendidos tres derechos constitucionales fundamentales: el derecho a la defensa, el período máximo de detención y la privacidad de las telecomunicaciones, establecidos en los artículos 12, 13 y 24 de la Constitución. Estas medidas afectan a todos los salvadoreños, en un contexto en el que la preocupación por los derechos humanos sigue siendo un tema central en el debate sobre la efectividad y los costos del régimen de excepción.
La decisión de extender las restricciones del régimen de excepción se mantiene como una de las acciones más controvertidas del Gobierno en su lucha contra las pandillas, mientras continúan las discusiones sobre el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales.