La Asamblea Legislativa aprobó con 58 votos a favor, un conjunto de reformas que eliminan el financiamiento público para la deuda política en El Salvador, regulada en la Ley de Partidos Políticos. Esta medida permitirá que los recursos destinados anteriormente a este concepto sean redirigidos a proyectos que realmente beneficien a la población salvadoreña.
La diputada Suecy Callejas, de la bancada de Nuevas Ideas, destacó durante la plenaria que esta reforma representa el «último paso hacia la eliminación efectiva de la deuda política en el país». «El pueblo salvadoreño ha hablado con claridad, no quiere seguir financiando las campañas electorales con dinero público. Hoy damos cumplimiento a esa petición», afirmó la legisladora.
El pasado 12 de febrero de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional que eliminó la obligación del Estado de financiar las campañas electorales de los partidos políticos, reforma que fue ratificada el 26 de febrero de este año. Con estas modificaciones, los partidos políticos deberán buscar fuentes de financiamiento privadas para llevar a cabo sus campañas y actividades, sin depender de los recursos públicos.
Callejas añadió que la eliminación de la deuda política garantizará la sostenibilidad de los partidos políticos, promoviendo su independencia y transparencia. Además, recordó que el actual presidente de la República, Nayib Bukele, demostró en 2019 que es posible realizar campañas exitosas sin la necesidad de recurrir a fondos públicos.
Reformas y Derogatorias a la Ley de Partidos Políticos
Las reformas a la Ley de Partidos Políticos incluyen cambios significativos, como la modificación del artículo 50, que suprime la mención a las «subvenciones del Estado» como parte del patrimonio de los partidos. Asimismo, el artículo 51 establece que el financiamiento de los partidos será exclusivamente privado, permitiéndoles recibir aportaciones lícitas tanto en efectivo como en especie, con la posibilidad de realizar colectas públicas. Estas contribuciones serán deducibles del Impuesto Sobre la Renta.
Además, los partidos políticos tendrán prohibido solicitar créditos de la banca estatal para financiar sus actividades, y no podrán recibir aportaciones de individuos no identificados, a excepción de las donaciones obtenidas durante eventos públicos, como mítines o actividades de recolección de fondos en la vía pública.
Como parte de este proceso, también se derogó el capítulo II de la Ley de Partidos Políticos, que regulaba el financiamiento público, y se eliminaron todas las disposiciones relacionadas con la deuda política en las leyes nacionales.
Con esta reforma, El Salvador da un paso importante hacia un sistema político más independiente y transparente, alineado con las expectativas del pueblo en cuanto al uso responsable y eficiente de los recursos públicos.