La Casa Blanca respondió ante las afirmaciones de que habría desobedecido una orden de un juez federal que suspendió temporalmente las deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos hacia El Salvador. El juez James Boasberg dictó la medida después de que un grupo de inmigrantes, supuestamente vinculados a la pandilla Tren de Aragua, fuera deportado bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró que el gobierno no había violado la orden judicial, argumentando que los deportados ya habían sido expulsados de los Estados Unidos antes de la emisión de la medida. Además, subrayó que la orden carecía de fundamento legal, ya que los inmigrantes en cuestión ya se encontraban fuera del territorio estadounidense cuando se dictó la orden.
El conflicto se enmarca en el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación utilizada históricamente en tiempos de guerra, y cuya aplicación en tiempos de paz ha generado controversia. La ley permite la expulsión de personas consideradas amenazas para la seguridad nacional, pero su invocación ha sido cuestionada, ya que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela.
El gobierno de Trump ha defendido su decisión, destacando la necesidad de actuar rápidamente ante lo que considera una «invasión» de migrantes indocumentados, mientras que críticos señalan que la administración está utilizando medidas excesivas que podrían contradecir principios fundamentales del derecho internacional.
Además, la Casa Blanca enfrenta cuestionamientos sobre el manejo de la detención de Mahmoud Khalil, un residente palestino cuya tarjeta verde fue revocada por participar en protestas relacionadas con el conflicto Israel-Hamas, lo que ha generado preocupaciones sobre la protección de los derechos de libertad de expresión en el país.
El caso de los migrantes venezolanos y el arresto de Khalil, entre otros, están siendo evaluados por los tribunales, lo que podría llevar a una confrontación legal más profunda y a un análisis de los límites del poder presidencial en tiempos de crisis.