La discusión sobre la derogación de la Ley General de Minería Metálica resurgió este martes en la Asamblea Legislativa, tras la entrega por parte de la Iglesia Católica con 150,000 firmas respaldando esta solicitud. El tema generó un enfrentamiento entre las diputadas Marcela Villatoro (ARENA) y Claudia Ortiz (Vamos), quienes expresaron posturas encontradas sobre la minería en El Salvador.
Durante la sesión, Ortiz presentó una iniciativa en respuesta al clamor de la feligresía católica y de otros sectores de la sociedad que piden la anulación de la ley. La propuesta incluía una reforma constitucional para prohibir la minería metálica en el país, al señalar que esta debería tener un rango constitucional para evitar que futuras legislaciones contravengan la disposición. Ortiz hizo un llamado a sus colegas para acompañarla en la presentación de las firmas necesarias para formalizar la reforma.
Por su parte, Villatoro recordó que desde enero su bancada había solicitado la derogación de la ley y cuestionó la politización del tema. En su intervención, sugirió que no era apropiado aprovechar la situación para obtener crédito político. Asimismo, enfatizó que, aunque apoyaba la causa, prefería que la propuesta fuera analizada en comisión antes de ser sometida a votación.
El diputado Francisco Lira también criticó la forma en que se estaba manejando la discusión y rechazó el enfoque de «espectáculo político». Lira pidió que se enviara a la comisión correspondiente el documento entregado por la Iglesia Católica y subrayó que la solicitud de la derogación de la ley debía ser atendida con seriedad y sin manipulación partidista.
En medio del intercambio, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aclaró que la propuesta de reforma constitucional presentada por Ortiz no podía proceder, debido a que carecía del respaldo mínimo de diez firmas de diputados, requisito necesario para que una reforma constitucional sea considerada.
La discusión concluyó sin avances concretos, mientras las diputadas y diputados involucrados expresaron sus diferencias sobre cómo manejar el tema, dejando abierta la posibilidad de nuevos debates sobre la ley de minería en el futuro cercano.