El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador decretó este viernes, en audiencia inicial, la detención provisional para 24 personas acusadas de participar en la venta ilegal de terrenos en la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad. La medida fue aplicada a todos los procesados, salvo a Rosa Orellana, quien debido a su estado de embarazo, recibió medidas sustitutivas a la detención.
Orellana deberá acudir a los juzgados una vez al mes para firmar, notificar cuando inicie trabajo de parto, abstenerse de salir del país, y evitar cualquier contacto con los demás miembros de la comunidad o asistir a reuniones locales. El caso fue remitido a la fase de instrucción por un período de seis meses, para continuar con las investigaciones correspondientes.
Los detenidos son integrantes de la comunidad Hacienda La Floresta y, según la investigación de la Fiscalía General de la República, estos intentaban vender lotes de terreno a personas de escasos recursos por montos entre $100 y $200. Los imputados enfrentan cargos por los delitos de agrupaciones ilícitas, usurpación de inmueble, ejercicio ilegal de la profesión, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, y limitación ilegal a la circulación.
Entre los acusados se encuentra Fidel Zavala, activista de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), quien enfrenta cargos de agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de lotificaciones y ejercicio ilegal de la profesión. En relación con la resolución del tribunal, el abogado defensor de Zavala y otros dos imputados, Jaime Ramírez, expresó que apelarán la decisión.
“Vamos a esperar la sentencia y, una vez tengamos la sentencia, valoraremos una posible apelación en virtud de algunos hechos que se han vulnerado en el proceso, que tienen que ver con la legalidad, la legítima defensa, y sobre todo la falta de valoración de la información proporcionada por la defensa respecto a cada uno de los acusados”, declaró Ramírez.
Por otro lado, Óscar Góchez, uno de los propietarios de los terrenos involucrados en el caso, defendió su intención de beneficiar a los residentes de la comunidad a través de obras humanitarias. «Lo que nosotros veníamos realizando, y todo lo que estas personas hicieron o siguen haciendo a través de los abogados que están publicando cosas contra nosotros, poniendo cosas que no son ciertas. Nunca pensé que venir a El Salvador a hacer una buena obra me iba a traer estas consecuencias», expresó Góchez.
Los hechos que dan origen a este caso se remontan al año 2014, cuando un grupo de personas despojó a los legítimos propietarios de la Hacienda La Floresta en San Juan Opico, y las actividades ilegales de venta de terrenos continuaron hasta el presente año.
En total, 29 personas están implicadas en este caso, de las cuales 25 fueron presentadas ante el tribunal, y 4 permanecen ausentes, a quienes se les realizará una audiencia separada la próxima semana.