Este jueves, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador dio inicio a la audiencia especial de imposición de medidas en contra de un grupo de personas acusadas de comercializar terrenos de manera ilegal en el municipio de San Juan Opico, La Libertad.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó cargos contra 29 individuos, de los cuales 25 se encontraban presentes y 4 estaban ausentes. Los acusados enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas, usurpación de inmueble, ejercicio ilegal de la profesión, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, y limitación ilegal a la circulación.
Entre los procesados figura el activista de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Fidel Zavala, quien es acusado de agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de lotificaciones y ejercicio ilegal de la profesión. Según la acusación de la Fiscalía, la estructura organizada detrás de estas actividades ilícitas contaba con la asesoría de Unidehc, coordinando con personas que habitaban en los terrenos de la comunidad La Floresta, haciéndoles creer que podían obtener la posesión legal de los terrenos mediante procesos legales fraudulentos.
Testigos claves han afirmado que Zavala se presentaba como abogado y vocero de Unidehc, recibiendo instrucciones de Rudy Joya, representante de la organización, para realizar mediciones de terrenos y facilitar la venta ilegal de propiedades ajenas. La Fiscalía ha asegurado que esta red tenía una cohesión delictiva liderada por abogados de Unidehc, incluyendo a Rudy Joya e Ivania Cruz.
El Ministerio Público solicitó al Tribunal la detención provisional de 24 de los acusados, debido a que algunos de los testigos provienen de la comunidad La Floresta y temen por su seguridad. Una de las imputadas, debido a su estado de embarazo, recibió medidas sustitutivas a la detención.
En la audiencia, Óscar Góchez, propietario legítimo de los terrenos desde 1992, denunció que algunas personas que habían ganado su confianza comenzaron a vender las parcelas de su propiedad sin su consentimiento. Góchez explicó que los acusados vendían los lotes a personas de escasos recursos por montos que oscilaban entre $100 y $200, comenzando sus actividades en 2014 y continuando hasta el presente año.
Por otro lado, la defensa de Fidel Zavala negó las acusaciones y argumentó que no existían pruebas suficientes para acreditar su implicación en las ventas ilegales. Además, solicitaron que el tribunal se declare incompetente, ya que, según ellos, los delitos no corresponden al ámbito del crimen organizado, sino a un contexto de legalización de terrenos.
La audiencia, que se lleva a cabo con acceso para los medios de comunicación, continúa desarrollándose y se prevé que los alegatos de la defensa continúen hasta la noche.
En cuanto a los imputados ausentes, se programó una audiencia separada para el próximo martes 18 de marzo a las 9:00 de la mañana.