El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador ha decidido mantener en prisión provisional a 30 personas acusadas de integrar una red de corrupción dedicada a la falsificación de resultados de exámenes para la obtención de licencias de conducir. La medida fue tomada durante la audiencia de imposición de medidas, que se celebró a dos días de haberse iniciado el proceso judicial contra los implicados.

El caso involucra a 30 personas, de las cuales 24 estuvieron presentes en la audiencia y seis se encuentran en libertad. La Fiscalía General de la República ha señalado que los acusados cometieron delitos como agrupaciones ilícitas, falsedad ideológica, cohecho propio, cohecho activo, incumplimiento de deberes, estafa informática, uso y tenencia de documentos falsos, y falsedad documental agravada, todos relacionados con el proceso de obtención ilegal de licencias de conducir.

De acuerdo con la Fiscalía, la red operaba a través de la colaboración de personal de escuelas de manejo, empresas examinadoras y empleados del Viceministerio de Transporte (VMT). Las investigaciones indican que, desde 2023 hasta principios de 2025, los miembros de esta red conspiraron para emitir licencias de conducir falsas a cambio de sumas de dinero que oscilaron entre los 200 y los 1,500 dólares.

En la audiencia, uno de los abogados defensores expresó su desacuerdo con la decisión judicial, aunque subrayó que el proceso aún no está cerrado y que existen oportunidades para solicitar medidas sustitutivas de la detención provisional en el futuro. A pesar de la reserva del caso, el abogado indicó que, según los indicios presentados, hay suficiente evidencia para probar la participación de los acusados en los delitos.

La Fiscalía detalló que los procesados formaban parte de una estructura que incluía, además de los empleados del VMT, a personas que usaron las licencias falsas, algunas de las cuales fueron detectadas al momento de procesar el chip de los permisos de conducir de forma ilegal.

El operativo que dio lugar a las detenciones se llevó a cabo el 19 de febrero de 2025, y estuvo a cargo de la Fiscalía General de la República, que también realizó allanamientos en las oficinas del VMT en San Miguel y San Salvador. Durante el operativo, se ejecutaron 28 órdenes de captura, acusando a los implicados de solicitar pagos adicionales para la falsificación de los exámenes, facilitando así la obtención de licencias de conducir fraudulentas.

Entre los primeros detenidos, se incluyen empleados del VMT de San Miguel, así como de las empresas examinadoras Escoprond y Atlantic Seguridad. Además, están involucradas tres escuelas de manejo: López, Génesis y Shalom, junto con tramitadores independientes.

El caso sigue bajo investigación, mientras la Fiscalía continúa con el proceso judicial que busca desmantelar esta red de corrupción en el sistema de emisión de licencias de conducir.

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