La Fiscalía General de la República (FGR) acusó la mañana de este martes a 30 personas señaladas de integrar una red de corrupción conformada por representantes de escuelas de manejo, empresas examinadoras y exempleados del Viceministerio de Transporte (VMT). La acusación está vinculada a la venta de exámenes aprobados para obtener licencias de conducir, sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
De los 30 procesados, 24 fueron detenidos y trasladados a la sede judicial para la notificación de los cargos en su contra, mientras que seis personas más son procesadas como ausentes, ya que no fueron localizadas durante el operativo de captura.
En la solicitud de imposición de medidas, la Fiscalía señala a los imputados de diversos delitos, entre los cuales se incluyen agrupaciones ilícitas, uso y tenencia de documentos falsos, falsedad ideológica, cohecho propio, falsedad documental agravada, incumplimiento de deberes, cohecho activo y estafa informática. Además, se presentó ante el tribunal una serie de evidencias que demuestran la confabulación de los acusados para vender licencias de conducir a cambio de sumas que oscilan entre los $800 y los $1,500.
Entre los acusados se encuentran un notario público que elaboraba documentos falsificados, así como socios y propietarios de la empresa examinadora Escoprond S.A. de C.V., la Escuela de Manejo López y Atlantic Seguridad S.A. de C.V..
La Fiscalía también ha incluido en el proceso a personas que adquirieron las licencias fraudulentas y las utilizaron para circular, ya que las investigaciones realizadas revelaron que los chips de estas licencias eran falsificados.
La estructura criminal fue detectada gracias a denuncias presentadas por autoridades del Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte ante la Fiscalía. Las pesquisas, que incluyeron técnicas especiales de investigación y la participación de la Policía Nacional Civil (PNC), permitieron conocer que la red operaba en varias zonas del país, especialmente en los alrededores de Sertracen San Salvador y en escuelas de manejo y empresas examinadoras de los departamentos de Santa Ana, Usulután, Chalatenango, La Libertad, Cuscatlán, San Miguel y San Salvador.
Las investigaciones revelaron que las personas interesadas en obtener las licencias no se sometían a los exámenes teóricos, prácticos ni visuales requeridos por la ley, y en algunos casos, se descubrió que los solicitantes ni siquiera sabían leer ni escribir.
La Fiscalía ha solicitado que, al finalizar la audiencia, los acusados permanezcan en detención preventiva mientras se desarrollan las investigaciones.