Menos de 48 horas después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, se viera envuelto en un escándalo por la promoción de la criptomoneda $Libra, ha surgido la primera denuncia penal colectiva en su contra. El mandatario es acusado de participar en una asociación ilícita y de violar sus deberes como funcionario público.
La denuncia fue presentada por un grupo de abogados y economistas, incluidos Jonatan Emanuel Baldiviezo, Marcos Zelaya, María Eva Koutsovitis y Claudio Lozano. Los denunciantes argumentan que Milei incumplió la Ley de Ética Pública al promover una criptomoneda sin las garantías necesarias, generando confianza entre los inversionistas y utilizando su investidura para fomentar su compra.
La moneda $Libra, impulsada por KIP Protocol y Kelsier Ventures, prometía financiar pequeños negocios locales en Argentina. Sin embargo, sufrió un desplome en su valor en menos de 24 horas, lo que ha generado controversia. Los denunciantes califican este colapso como una estafa tipo «rugpull», donde los creadores de la moneda retiraron rápidamente los fondos de los inversionistas, dejando los activos sin valor. Se estima que la caída de $Libra ha causado pérdidas por un total de 4 mil millones de dólares, afectando a unas 44,000 personas.
La criptomoneda no estaba registrada ni supervisada por la Comisión Nacional de Valores de Argentina, lo que la convierte en un ejemplo típico de las llamadas «shitcoins», activos altamente volátiles y riesgosos, creados con el fin de atraer a inversionistas en busca de ganancias rápidas. Según los denunciantes, Milei utilizó su poder como presidente para promocionar el activo sin ofrecer las debidas garantías ni la supervisión correspondiente.
Ante las graves acusaciones, el gobierno argentino emitió un comunicado en el que se reconoció que Milei había promocionado el proyecto en sus redes sociales. Sin embargo, el gobierno subrayó que el presidente no estuvo involucrado en el desarrollo de la criptomoneda. Tras las repercusiones del colapso de $Libra, se explicó que el mandatario decidió eliminar la publicación para evitar mayor especulación sobre el tema.
El gobierno también anunció la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que abordará el caso, integrando organismos competentes en el ámbito de los criptoactivos y las actividades financieras. Además, la Oficina Anticorrupción llevará a cabo una investigación para determinar si hubo conductas impropias por parte de miembros del gobierno, incluido el presidente.
Este escándalo subraya la creciente preocupación sobre la falta de regulación en el mercado de criptomonedas, un sector que sigue siendo problemático tanto para los inversionistas como para las autoridades debido a su alta volatilidad y la falta de supervisión adecuada.