El gobierno del presidente Donald Trump ha revocado la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 600,000 venezolanos, lo que les permitía permanecer legalmente en Estados Unidos, según informó el martes el diario New York Times, citando una copia de la decisión.

El expresidente Joe Biden había prorrogado el TPS por otros 18 meses justo antes del regreso de Trump al poder, quien había prometido llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes.

De acuerdo con New York Times, la actual secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, revocó la decisión tomada por Biden.

El TPS es un beneficio otorgado a extranjeros que no pueden regresar a sus países de origen de manera segura debido a situaciones de guerra, desastres naturales u otras condiciones «extraordinarias».

Trump intentó eliminar el programa durante su primer mandato, aunque fue bloqueado por razones legales. En contraste, el gobierno de Biden amplió el TPS para más de un millón de personas provenientes de países como El Salvador, Sudán, Ucrania, Venezuela y otros, permitiéndoles quedarse legalmente en Estados Unidos.

Al inicio de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva para revisar las designaciones de TPS. Según el Pew Research Center, hasta marzo de 2024, aproximadamente 1.2 millones de personas estarán o ya están beneficiadas por el TPS, siendo los venezolanos el grupo más numeroso.

La secretaria Noem tiene hasta el sábado para decidir qué hacer con los casos de los venezolanos cuyo TPS vence en abril. De no tomar una decisión antes de esa fecha, el estatus será renovado automáticamente por seis meses, según el reporte.

El Departamento de Seguridad Interior no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre esta decisión.

Bajo el gobierno de Biden, el Departamento de Seguridad Interior había señalado que extendería el TPS para los venezolanos debido a la «grave emergencia humanitaria» que enfrenta Venezuela, exacerbada por la crisis política y económica bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Maduro comenzó su tercer mandato como presidente de Venezuela en enero, pero Estados Unidos no reconoce su victoria electoral y ha ofrecido una recompensa de 25 millones de dólares por su arresto bajo cargos de narcotráfico.

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