Por Cesar Ríos
Director AAMES
Asociación agenda migrante El Salvador
Ante las constantes declaraciones de las autoridades estadounidenses sobre una política migratoria más estricta, la región del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) enfrenta un desafío inminente: la posible deportación masiva de sus ciudadanos que han residido en Estados Unidos durante años. Esta situación requiere una respuesta integral a nivel regional, nacional y municipal, pero ¿están estos países realmente preparados?
La falta de acción regional: un Triángulo Norte desconectado
En el plano regional, los países del Triángulo Norte no han logrado articular una respuesta conjunta frente a este escenario. Mientras México ha convocado a encuentros de cancilleres para abordar el impacto de las deportaciones, en nuestra región no existe una agenda común que permita enfrentar este fenómeno.
Honduras, por ejemplo, atraviesa un proceso electoral que dificulta la posibilidad de un diálogo regional efectivo. Esto, sumado a la ausencia de mecanismos coordinados entre los tres países, deja a la región vulnerable y sin estrategias colectivas para manejar un posible retorno masivo de ciudadanos deportados. La falta de liderazgo regional es una gran debilidad en momentos en que se necesita unidad y acción estratégica.
Políticas nacionales desarticuladas: una comprensión limitada del problema**
En el ámbito nacional, la preparación también es insuficiente. Las políticas públicas no parecen comprender la magnitud y complejidad de las deportaciones masivas. Este no es un tema solo de cifras, sino de personas con historias, trayectorias y contextos particulares.
Muchos de los migrantes tienen décadas de residencia en Estados Unidos, han formado familias allá y sus hijos nacieron en ese país. Esto implica desafíos significativos de reintegración cultural, social, económica y laboral en sus países de origen. Sin embargo, las políticas nacionales no contemplan estos aspectos y carecen de planes específicos para brindar apoyo a los deportados y sus familias.
El impacto también será económico, ya que el retorno masivo de personas podría generar una presión adicional en los sistemas de empleo, educación y salud. En lugar de aprovechar el capital humano y financiero que estos migrantes pueden aportar, las políticas nacionales muestran un preocupante vacío.
La inacción municipal: donde más se necesita una respuesta
En el nivel local, la situación es aún más crítica. Los gobiernos municipales, que son los primeros en recibir a los migrantes retornados, no están implementando planes de preparación ni estrategias para facilitar su reinserción.
Las municipalidades deberían ser las primeras en desarrollar programas de apoyo, como capacitaciones laborales, programas de reintegración social y económica, y mecanismos para promover la convivencia comunitaria. Sin embargo, no hay señales de que estas acciones se estén llevando a cabo. Esto no solo afecta a los migrantes retornados, sino también a las comunidades receptoras, que podrían enfrentar tensiones sociales si no se manejan adecuadamente estas dinámicas.
Una región sin preparación ante un desafío monumental
La región del Triángulo Norte se encuentra en una posición de vulnerabilidad ante la posible deportación masiva de sus ciudadanos desde Estados Unidos. La falta de coordinación regional, la ausencia de políticas nacionales integrales y la inacción municipal evidencian un vacío preocupante.
Es urgente que los gobiernos, en todos los niveles, actúen con visión y responsabilidad para enfrentar este desafío. La reintegración de los migrantes deportados no solo es una cuestión de derechos humanos, sino también una oportunidad para fortalecer nuestras sociedades y aprovechar el potencial de quienes regresan con experiencia y conocimientos valiosos.