La crisis política en Corea del Sur se intensificó con el arresto de Yoon, el presidente, quien se convirtió en el primer mandatario surcoreano detenido en el cargo. Su arresto se produjo tras una medida legislativa que fue derogada luego de que los diputados consiguieran rechazarla, lo que provocó una grave crisis política en el país. La moción de destitución aprobada por la Asamblea Nacional ahora está siendo evaluada por el Tribunal Constitucional.
La orden judicial que permitió la captura de Yoon estaba a punto de expirar este viernes, lo que llevó a los fiscales a solicitar una nueva orden de arresto para extender su detención por 20 días más, con el fin de formalizar las acusaciones en su contra. Los agentes de la Oficina de Investigación de la Corrupción, encargados de la investigación por presunta insurrección, habían convocado a Yoon para un interrogatorio este viernes, pero su defensa alegó que el presidente se negó a comparecer, afirmando que ya había explicado su postura y que no había necesidad de responder a las preguntas de los investigadores.
Después de su detención, Yoon fue interrogado, pero optó por hacer uso de su derecho a guardar silencio. En un comunicado emitido por sus abogados, Yoon expresó que se encontraba «bien» y que estaba utilizando este tiempo para «ordenar sus ideas». Además, agradeció el apoyo de los ciudadanos que se habían manifestado a favor de él, destacando su «ferviente patriotismo».
El arresto fue precedido por varias semanas de evasión, durante las cuales Yoon se refugió en su residencia en Seúl, protegido por la guardia presidencial y sus seguidores. El 3 de enero, intentaron arrestarlo, pero miembros armados de la guardia presidencial lo impidieron. Sin embargo, el miércoles, la policía y la agencia anticorrupción lograron allanar su residencia y arrestarlo. Tras ser detenido, Yoon aceptó cooperar para evitar un «derramamiento de sangre».
Adicionalmente, el presidente está involucrado en un proceso ante el Tribunal Constitucional, que decidirá si ratifica o rechaza la moción de destitución aprobada por la Asamblea Nacional.