La agencia internacional Fitch Ratings ha elevado este martes la calificación crediticia de El Salvador de ‘CCC+’ a ‘B-‘, con perspectiva estable, tras considerar que el gobierno salvadoreño ha logrado reducir sus necesidades de financiamiento gracias al acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En su análisis, Fitch destacó que la mejora en la calificación refleja la disminución de las necesidades de financiamiento del país, así como la flexibilización de las restricciones financieras, apoyadas por el reciente acceso al mercado y el programa anunciado con el FMI. La agencia señaló que la recuperación en el acceso al mercado y el programa de asistencia financiera de $1,400 millones con el FMI son factores clave en esta actualización de calificación.
El acuerdo con el FMI, anunciado el 18 de diciembre de 2024, tiene como objetivo fortalecer las finanzas del país y promover la consolidación fiscal. No obstante, la asistencia del FMI está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo de la institución y a la implementación de ciertas condiciones previas, como reformas a la polémica Ley Bitcoin. Este acuerdo implica una serie de reformas, incluidas modificaciones a la Ley Bitcoin para hacer de la criptomoneda una opción voluntaria en el sector privado y eliminar la opción de pagar impuestos en bitcoin.
Además, el acuerdo contempla un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) a lo largo de tres años, con un primer tramo de 1.5% que comenzaría en 2025.
Según Fitch, el programa del FMI, junto con la reducción de la deuda de corto plazo con la banca privada y los procesos de recompra de deuda, contribuirán significativamente a la consolidación fiscal. Esta consolidación fiscal ayudará a reducir las necesidades de financiamiento del gobierno y podría incrementar la confianza de los inversionistas en la sostenibilidad de la deuda de El Salvador, lo que a su vez podría permitir nuevas emisiones de deuda en el futuro.
Fitch también estima que el déficit fiscal de 2024 se cerrará en 4.7% del PIB, incluyendo las obligaciones del sistema de pensiones que el gobierno no ha incorporado desde mayo de 2023, luego de una reforma en este sector.
Para el año 2025, Fitch prevé un ajuste fiscal adicional con un recorte significativo del gasto público. El gobierno salvadoreño planea un ajuste de 1.9% del PIB, el cual incluiría medidas como el congelamiento de salarios del sector público y la espera de mayores ingresos tributarios. El objetivo es que los gastos corrientes sean cubiertos completamente con ingresos fiscales, mientras que el uso de préstamos se limitará a gastos de capital a través de financiamiento de prestamistas multilaterales.
Sin embargo, la agencia advierte que podrían surgir desafíos en la implementación de estos recortes y el aumento de los costos de endeudamiento, lo cual podría dificultar la consolidación fiscal prevista.
Fitch anticipa que la deuda pública de El Salvador representará el 87.7% del PIB en 2024, un aumento respecto al 84.9% de 2023. Sin embargo, se espera que la deuda se mantenga por debajo de este nivel en 2025 y comience a disminuir a partir de 2026, gracias a los esfuerzos de consolidación fiscal y el control de los gastos.
En cuanto a la economía, Fitch sigue observando los resultados de la implementación del programa con el FMI y los efectos de las reformas fiscales en el crecimiento económico del país. La calificación de ‘B-‘ refleja la estabilidad económica y el esfuerzo del gobierno para mitigar los riesgos fiscales, a pesar de los desafíos que aún persisten.
El aumento en la calificación de El Salvador por parte de Fitch refleja una mejora en las perspectivas económicas del país, impulsada por el acuerdo con el FMI, la consolidación fiscal y la flexibilidad financiera. Sin embargo, el gobierno enfrentará desafíos en la implementación de las reformas y en el control del gasto público para asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
El gobierno de El Salvador sigue comprometido con su plan de recuperación económica y fiscal, con el objetivo de fortalecer la confianza de los inversionistas y mejorar las finanzas del país.