Según una redacción de Diario el Mundo, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) impuso sanciones a 15 empleados públicos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024, por cometer infracciones relacionadas con la Ley de Ética Gubernamental (LEY). Las multas totales superan los $17,000, con montos que van desde $304.17 hasta $7,178.34, según informó el TEG a Diario El Mundo a través de una solicitud de información pública.
La primera multa se impuso el 25 de enero de 2024, con un monto de $304.17, y la última sanción fue registrada en octubre del mismo año. Las infracciones cometidas incluyen el uso indebido de bienes y recursos públicos, la participación en actividades privadas durante la jornada laboral, el ejercicio de más de una remuneración pública en el mismo horario, y la aceptación de empleos que generan conflictos de interés.
Entre las sanciones más altas se destaca la impuesta a un empleado del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), quien recibió una multa de $7,178.34 por utilizar bienes institucionales para actividades no relacionadas con los fines de la institución y por excusarse de participar en procesos que presentaban conflictos de interés.
Infracciones comunes
Las infracciones que motivaron las sanciones incluyen:
- Utilización de recursos públicos para fines distintos a los institucionales.
- Participación en asuntos donde existan conflictos de interés con familiares.
- Realización de actividades privadas durante la jornada de trabajo.
- Acumulación de remuneraciones del Estado en el mismo horario laboral.
- Aceptación de trabajos o relaciones privadas que afecten la imparcialidad en el ejercicio de la función pública.
- Exigir a subordinados el uso de su tiempo para actividades no relacionadas con los fines institucionales.
- Nombramiento, contratación o ascensos de familiares, salvo los casos permitidos por la ley.
Origen de las sanciones
De las 15 sanciones, tres fueron el resultado de denuncias directas, mientras que las otras 12 surgieron a partir de avisos presentados por ciudadanos. En ningún caso, las investigaciones fueron iniciadas de oficio por el TEG. Las instituciones involucradas en estas sanciones incluyen el Ministerio de Educación, la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Hospital Nacional de El Salvador, el Centro Nacional de Registros, el Consejo Superior de Salud Pública, el Fondo Social para la Vivienda, la Universidad de El Salvador, la Alcaldía Municipal de Cojutepeque, el Ministerio de Economía, y la Alcaldía de San Juan Opico.
Estado de los pagos y plazos de cancelación
Las multas impuestas ascienden a un total de $17,970.01. Hasta la fecha, se ha cancelado solo $3,674.17, quedando un saldo pendiente de $14,295.84. El empleado del Ministerio de Educación que recibió la mayor sanción aún no ha realizado el pago. Los sancionados tienen un plazo de 60 días para abonar las multas desde la notificación de la resolución del TEG. Asimismo, se les permite solicitar el pago en cuotas periódicas. En caso de no cumplir con el pago, el TEG está facultado para remitir el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), conforme al artículo 46 de la Ley de Ética Gubernamental.
Proceso de investigación
El TEG realiza una investigación inicial para determinar la culpabilidad de los empleados públicos que transgreden las normas éticas. Durante este proceso, se permite que el investigado presente su alegato y se solicita información adicional a otras instituciones gubernamentales para esclarecer los hechos.
Este tipo de sanciones subraya el compromiso del Tribunal de Ética Gubernamental con la transparencia y la integridad en la función pública, garantizando que los recursos y los procesos del Estado se utilicen de manera ética y conforme a la ley.