En una controvertida sesión el pasado 23 de diciembre, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley General de Minería Metálica con 57 votos provenientes del oficialismo y sus aliados, reemplazando la Ley de Prohibición de Minería Metálica, vigente desde 2017. La votación estuvo marcada por intensos debates entre las bancadas y protestas de opositores y ciudadanos.

Detalles de la Ley y sus implicaciones

La nueva legislación busca regular la minería metálica en el país bajo un marco que, según los diputados oficialistas, prioriza la protección del medio ambiente y el bienestar económico de los salvadoreños. Entre las disposiciones clave está la prohibición del uso de mercurio y otras sustancias no autorizadas, según una propuesta de la diputada Suecy Callejas de Nuevas Ideas.

La diputada Elisa Rosales, al defender la aprobación, destacó que la normativa contempla un proceso inicial de estudios técnicos para determinar las áreas apropiadas para la actividad minera. Subrayó que el propósito es generar beneficios económicos a largo plazo, garantizando la protección de los recursos hídricos y del medio ambiente.

Por su parte, la oposición criticó duramente la medida. La diputada Cesia Rivas de Vamos calificó la ley como una herramienta de poder que pone en riesgo la salud y el bienestar de los salvadoreños. Desde Arena, los diputados Francisco Lira y Marcela Villatoro cuestionaron la falta de consulta pública y denunciaron los riesgos ambientales, acusando al oficialismo de actuar bajo órdenes directas del Ejecutivo.

Argumentos oficialistas y de aliados

Los defensores de la ley, como el diputado William Soriano, citaron beneficios económicos, asegurando que la minería puede generar ingresos significativos que se destinarían a proyectos sociales, infraestructura y el pago de deuda soberana. Por su parte, el diputado del PDC Reynaldo Carballo argumentó que los metales son indispensables para el desarrollo tecnológico y que el avance científico permitirá reducir los impactos ambientales en el futuro.

La presidenta de la comisión, Dania González, aseguró que la ley promueve la minería ambientalmente responsable, aprendiendo de los errores del pasado y priorizando el desarrollo de economías locales.

Oposición y rechazo ciudadano

La aprobación de la ley ocurre en un contexto de rechazo ciudadano y ambientalista. Encuestas recientes, como la realizada por la UCA, revelaron que un 59.2% de los salvadoreños consideran que el país no es apto para la minería metálica. Organizaciones sociales y ambientalistas han protestado activamente, señalando los riesgos para el agua y los ecosistemas.

La derogación de la prohibición de minería metálica en El Salvador y la aprobación de esta nueva ley marcan un cambio significativo en la política ambiental y económica del país. Mientras el oficialismo celebra la medida como un paso hacia el desarrollo sostenible, la oposición y sectores sociales advierten sobre posibles consecuencias ambientales y sociales, prometiendo continuar la lucha para proteger los recursos naturales.

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