El Gobierno de El Salvador ha solicitado a la Asamblea Legislativa una reforma que prohíba estrictamente la conducción de vehículos bajo los efectos de alcohol o drogas, estableciendo esta infracción como un delito penal. La iniciativa fue presentada por el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, quien propuso incluir en la Ley de Transporte la siguiente disposición:
“Se prohíbe conducir cualquier vehículo habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Asimismo, queda prohibido conducir vehículos habiendo ingerido alcohol en cualquier concentración por litro de sangre o en aire espirado, siendo acreedor de una multa muy grave, la detención conforme a la legislación penal y la inhabilitación que correspondiere.”
Cero tolerancia al alcohol
Actualmente, el delito de conducción peligrosa aplica a conductores con una concentración de alcohol en sangre mayor a 0.10%. El reglamento de tránsito también define el estado de «preebriedad» cuando la concentración es superior a 0.05% pero inferior a 0.10%. Con la reforma propuesta, habría tolerancia cero al consumo de alcohol al volante.
La propuesta será evaluada por la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa y plantea endurecer las sanciones contra los conductores que violen estas disposiciones.
Aumento de penas por conducción peligrosa
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, también presentó una propuesta para incrementar las penas por el delito de conducción peligrosa. Las penas propuestas incluyen:
- De 2 a 5 años de prisión: Por conducción peligrosa en un vehículo de motor.
- De 5 a 10 años de prisión: Si el conductor maneja transporte de pasajeros o carga.
- De 10 a 15 años de prisión: Si el acto provoca lesiones graves o la muerte de una persona.
Alcotest y antidopaje obligatorios
La reforma también mantiene la obligatoriedad de las pruebas de alcoholemia y antidopaje para conductores. En caso de que un conductor se niegue a someterse a estas pruebas, será multado con $150. Los resultados de dichas pruebas serán considerados como “plena prueba” en los procesos judiciales y administrativos correspondientes.
Suspensión y cancelación de licencias
Además, las licencias de los conductores que hayan consumido alcohol o drogas podrán ser decomisadas por un período de hasta 12 meses, independientemente del nivel de consumo. En caso de reincidencia, las licencias podrán ser canceladas y sólo podrán ser renovadas después de dos años, previa aprobación de cursos impartidos por el Viceministerio de Transporte o centros autorizados.
Con estas reformas, el Gobierno busca reforzar las medidas de seguridad vial y garantizar la protección de los ciudadanos en las carreteras del país.