El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador celebró una audiencia especial para la imposición de medidas contra Gerardo Orellana Quijada, dueño de los talleres GQ Racing, quien enfrenta nuevos cargos por el delito de revelación indebida de datos o información de carácter personal.
Este delito se suma a las graves acusaciones previas que ya enfrenta Orellana Quijada en su expediente judicial, que incluye una serie de delitos tales como agrupaciones ilícitas, estafa agravada, amenazas con agravaciones especiales, extorsión, violencia contra funcionario público, denuncia o acusación calumniosa, y tenencia y portación ilegal de armas de fuego, lo que eleva el total de cargos en su contra a nueve.
El tribunal resolvió decretar la instrucción formal del caso, imponiendo a Orellana Quijada la medida cautelar de detención provisional. Además, debido a la naturaleza del delito, se decretó la reserva del caso conforme a lo establecido por la Ley Especial de Delitos Cibernéticos.
En octubre pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud de imposición de medidas en este caso, acusando a Orellana Quijada y a diez personas más de pertenecer a una estructura criminal dedicada a la estafa, que en su conjunto ascendería a $1.3 millones. Desde esa fecha, Orellana Quijada se encuentra en detención provisional junto a otros implicados en el caso.
Los procesados, además de Orellana Quijada, incluyen a José René Ventura Alvarado, Jorge Alberto Alemán Cruz, y Jorge Carlos Figeac Cisneros, quienes enfrentan cargos de agrupaciones ilícitas y estafa agravada. A otros involucrados, como Jason Gerardo Quijada Suncín, Mónica Elena Quijada Suncín, y Jennifer Marcela Quijada Suncín, se les imputa pertenencia a agrupaciones ilícitas. A Milton Eduardo Chávez Chicas, también se le acusan de cohecho propio y amenazas con agravación especial. Por su parte, Mirna Elena Suncín de Quijada enfrenta cargos por lavado de dinero.
El caso también involucra a René William Arias Peraza, acusado en ausencia de agrupaciones ilícitas, estafa agravada, cohecho propio y amenazas con agravación especial. A Mirna Elena Suncín y a Jorge Carlos Figeac se les han concedido medidas sustitutivas por razones de salud, y deberán pagar fianzas de $15,000 y $5,000, respectivamente.
A finales de octubre, otro involucrado en el caso, Adonay Panameño Castro, fue procesado por favorecimiento a la evasión y agrupaciones ilícitas, luego de que se descubriera que le proporcionó un vehículo a Orellana Quijada para evadir la justicia.