Las diferentes organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales, proclamaron esta semana de solidaridad, para exigir la libertad inmediata de los cinco defensores de la comunidad Santa Marta, quienes están bajo prisión desde hace veinte meses, ya que se le vincula a un proceso judicial ese enero de 2023.
Organizaciones ambientalistas internacionales procedentes de Canadá, Estados Unidos y Alemania, mostraron su apoyo ante la detención que califican como arbitraria bajo el margen del régimen de excepción, y exigen a las autoridades correspondientes que se disuelvan cualquier cargo imputado antes del juicio que está establecido para el 8, 9 y 10 de octubre.
Antonio Pacheco, Miguel Gómez, Alejandro Laínez, Pedro Laínez y Saúl Rivas son los cinco activistas de la comunidad Santa Marta, acusados por un crimen que ocurrió hace más de 35 años, en el conflicto armado. Según declaraciones del secretario de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) fue testigo que como la fiscalía cambio antes y después del primer juicio, “hay un solo interés y solo se basa precisamente en el testimonio contradictorio de un testigo que dice que vio los hechos, pero luego en la audiencia dice que le contaron”, declaró.
“Hemos tenido múltiples acciones no solamente frente a la embajada salvadoreña en Washington, sino que también alrededor de todo el país, en consulados a través de todo el país, para que así las personas en los Estados Unidos sepan que es lo que está sucediendo y que conozcan la realidad, que lo que se quiere hacer es volver a reabrir los proyectos mineros en El Salvador.”, mencionó Alexis Stoumbelis, directora del Comité en Solidaridad con el pueblo de El Salvador (CISPES) desde Washington D.C
La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (MNFM) presentó recientemente un informe sobre los ataques hacia los defensores de los derechos ambientes y los impactos en la salud física, emocional y psicológica de los ambientalistas.