Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial de la oposición en Venezuela, ha denunciado este domingo una «citación sin garantías de independencia y del debido proceso» por parte de la Fiscalía venezolana. González ha sido convocado para declarar este lunes en relación con su presunta responsabilidad en delitos vinculados con la publicación de resultados electorales del pasado 28 de julio.

En un comunicado dirigido al presidente Nicolás Maduro, González afirmó: “La solución no está en la represión, sino en la verificación internacional independiente y confiable de las actas, que no puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución”. El excandidato insistió en que la transparencia en el proceso electoral es esencial para mantener la institucionalidad democrática en Venezuela.

González anunció que presentará “ejemplares de las actas de escrutinio que dejan clara la voluntad de cambio de los venezolanos”. Subrayó que la «verdad de lo sucedido el 28 de julio es lo que salvará la institucionalidad democrática» y reiteró su llamado a “respetar la voluntad popular expresada en las elecciones”, que, según él, favorecieron ampliamente su candidatura.

En su declaración, González abogó por “la búsqueda de fórmulas que, con estricto sometimiento a la soberanía popular, permitan canalizar una transición ordenada, pacífica y con garantías para todos”. Denunció que “Venezuela vive horas de incertidumbre y desasosiego” debido a lo que considera un intento de violar la voluntad de cambio expresada en las elecciones.

El excandidato está acusado de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración, según el documento emitido por la Fiscalía. El Ministerio Público ha señalado que González “incurrió en un franco desacato e irrespeto al Tribunal Supremo de Justicia al no acudir a los llamados realizados por la sala electoral”.

La situación actual ha exacerbado las tensiones políticas en Venezuela, donde la veracidad y legitimidad de los resultados electorales siguen siendo objeto de controversia y debate.

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