La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla ha realizado hoy una audiencia especial en la que se ha juramentado al perito judicial designado para determinar el posible enriquecimiento ilícito en la demanda interpuesta por la Fiscalía General de la República contra David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República durante la gestión de Mauricio Funes.

El perito judicial será responsable de evaluar los puntos de pericia asignados y presentar un informe detallado con los resultados obtenidos tras la revisión exhaustiva de la documentación incorporada al expediente judicial. Esta evaluación es crucial para esclarecer las irregularidades financieras alegadas en el caso.

La demanda civil en cuestión acusa a Rivas de un enriquecimiento ilícito de $265,055.49, basado en cinco irregularidades que no pudo justificar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Estas irregularidades incluyen depósitos en cuentas bancarias, pagos de tarjetas de crédito, y una discrepancia negativa entre sus ingresos y gastos.

Asimismo, la Fiscalía ha planteado acusaciones similares contra la excónyuge de Rivas, María Auxiliadora Méndez de Beltrán de Rivas, quien enfrenta una demanda por una presunta riqueza ilícita de $31,496.59, derivada de seis irregularidades como depósitos bancarios, adquisición de vehículos y pagos de tarjetas de crédito.

El hijo de Rivas, David Alejandro Rivas Méndez, está siendo demandado por cinco irregularidades que suman un total de $11,700, por no justificar los conceptos de depósitos bancarios realizados en efectivo.

La Fiscalía solicita que los magistrados declaren el enriquecimiento ilícito y que se inhabilite a los acusados para ocupar cargos públicos durante un período de 10 años.

David Marciano Rivas se desempeñó como secretario de Comunicaciones de la Presidencia entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014, durante la administración del expresidente Mauricio Funes. Actualmente, Rivas también está a la espera de la sentencia en el caso penal «Saqueo Público», en el que está procesado por el desvío de $351 millones de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial a cuentas externas.

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