El Ministerio Público (fiscalía) guatemalteco ha solicitado por sexta vez el retiro de inmunidad del presidente Bernardo Arévalo, con el fin de investigarlo por presuntos delitos relacionados con un mecanismo ilegal de pago a constructoras de obras públicas. Las solicitudes previas para el retiro de inmunidad han sido denegadas.
Según el Ministerio Público, el presidente Arévalo, durante su ejercicio del cargo, habría emitido una orden ilegal al crear un mecanismo de pago arbitrario fuera del marco de sus funciones y atribuciones. Esta orden, según la fiscalía, habría autorizado pagos a contratistas del Estado, específicamente a constructores de obras contratadas por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), afirmó en una conferencia de prensa que Arévalo está acusado de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y emisión de resoluciones violatorias a la Constitución. A pesar de la inmunidad presidencial que impide la investigación directa del mandatario, Curruchiche aseguró haber recibido documentos y evidencias relacionadas con el caso, incluyendo un audio del presidente.
El audio mencionado por Curruchiche, recientemente difundido en redes sociales, muestra una conversación telefónica entre Arévalo y la entonces ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega. En la grabación, Arévalo se escucha destituyendo a la ministra por haber desatendido la orden de priorizar pagos a empresas sin denuncias de corrupción, en lugar de pagar a nuevos contratistas. Arévalo ha confirmado la autenticidad del audio y defendido su acción como correcta, afirmando que la filtración confirma la validez de su decisión.
El presidente ha explicado públicamente que su orden de priorizar pagos se basó en la intención de favorecer a empresas libres de corrupción. Sin embargo, Curruchiche ha calificado a Arévalo como «el promotor de la corrupción».
En la misma conferencia, Curruchiche presentó otro audio en el que se escucha al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) hablando con un funcionario en el contexto de una investigación de corrupción que llevó a su renuncia. Curruchiche argumentó que este audio había servido como prueba en la acusación contra Pérez Molina.
Por su parte, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia ha respondido que, aunque el audio es legítimo, los señalamientos del fiscal Curruchiche carecen de credibilidad pública, solidez jurídica y propósito legítimo.