21 Juzgado de Paz, han sido seleccionados para formar parte de los Tribunales contra el Crimen Organizado en San Salvador, San Miguel y Santa Ana. Los trabajadores de estos juzgados serán reubicados de acuerdo con la reforma de la Ley Orgánica Judicial, presentada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante la Asamblea Legislativa.

Este nuevo proyecto promete integrar a los trabajadores en las nuevas planillas de los juzgados que pasarán a ser parte de la reforma, o en su defecto, serán reubicados en otras sedes o administraciones. No obstante, la incorporación a planilla o las reubicaciones de los empleados dependerán de las necesidades institucionales. Por otro lado, los trabajadores conservarán sus salarios y podrán seguir gozando de las prestaciones que poseen en el Órgano Judicial.

Los juzgados cuentan con un plazo de 60 días para finalizar los casos pendientes, que serán remitidos a la nueva sede, elaborando un inventario de libros, registros activos, diligencias y procesos. La CSJ deberá comenzar la búsqueda para nombrar a los jueces propietarios y suplentes de los Tribunales contra el Crimen Organizado. La Corte solicita que a los juzgados que serán suprimidos se les establezca la forma en que se elegirá al “personal idóneo” que permanecerá en la institución.

Algunos juzgados de Paz que serán suprimidos son:

  1. Juzgado de Paz de El Paisnal, San Salvador.
  2. Juzgado de Paz de Carolina, San Miguel.
  3. Juzgado de Paz de San Antonio del Mosco, San Miguel.
  4. Juzgado de Paz de Comarcarán, San Miguel.
  5. Juzgado de Paz de Uluazapa, San Miguel.
  6. Juzgado de Paz de San Jorge, San Miguel.
  7. Juzgado de Paz de Nueva Guadalupe, San Miguel.
  8. Juzgado de Paz de Chapeltique, San Miguel.
  9. Juzgado de Paz del Nuevo Edén de San Juan, San Miguel.
  10. Juzgado de Paz de San Gerardo, San Miguel.

La Corte mencionó que, según estudios realizados sobre la carga laboral de los juzgados, “se advierte que para mejorar la calidad del servicio de la administración de justicia es necesario adoptar medidas para incrementar la capacidad de respuesta de los Tribunales contra el Crimen Organizado”. Este incremento se llevará a cabo mediante la conversión de juzgados que “presentan una baja carga laboral”.

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