El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, informó hoy a los diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia sobre los avances en materia de seguridad y eficacia judicial en el país. Según Delgado, los delitos patrimoniales han mostrado una disminución del 20% anual desde la implementación del Plan Control Territorial, iniciativa que también se ha atribuido la reducción de homicidios.
«Si bien todavía tenemos incidencia en cuanto a delitos patrimoniales, estos se reportan a la baja. Principalmente en el hurto, hemos observado una reducción sostenida del 20% anual», afirmó Delgado durante su intervención.
El fiscal destacó que desde el año 2022, la Fiscalía ha logrado revertir la cantidad de casos iniciados versus casos resueltos, gracias a las iniciativas legislativas aprobadas por la Asamblea Legislativa, así como al esfuerzo conjunto de la Policía y la Fiscalía.
Además, señaló que los delitos de mayor impacto social han experimentado descensos significativos. Por ejemplo, mencionó que el delito de violación ha registrado una disminución del 60% en comparación con el año anterior.
En relación con las propuestas legislativas actuales, Delgado explicó que la solicitud de aumento de penas para delitos patrimoniales no responde a un aumento en la incidencia de estos delitos, sino a la necesidad de fortalecer las condiciones penales para disuadir a potenciales infractores.
«El propósito de la reforma no es porque tengamos el problema de alta incidencia de estos delitos, no. Es porque precisamente estamos en un momento de relativa calma gracias a la captura de miembros de organizaciones criminales. Debemos prepararnos para mantener esta situación mediante el incremento de penas que sirvan para disuadir a los que pretenden cometer estos delitos», enfatizó el fiscal.
Entre las reformas propuestas al Código Penal se encuentra el aumento de la pena para el delito de robo agravado, que pasaría de 8-12 años a 20-30 años de prisión. Esta medida se aplicaría en casos específicos como el aprovechamiento de estragos públicos, la participación de dos o más personas, el uso de armas de fuego o explosivos, y la intervención de funcionarios públicos.
Las propuestas legislativas continúan en estudio dentro de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa. Se espera que estas iniciativas sean discutidas próximamente para fortalecer el marco jurídico y continuar con los avances en seguridad pública.