Este domingo, Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, compareció ante un tribunal de Lima para enfrentar un juicio por presunto financiamiento ilegal de campaña. Durante los últimos seis años, el equipo especial de fiscales «Lava Jato» investigó las acusaciones de que Fujimori habría recibido 1,2 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Keiko, quien también es presidenta del partido Fuerza Popular, declaró ante el tribunal su salario mensual de 14.000 soles (aproximadamente 3.600 dólares) y reiteró su inocencia. El juicio, que podría extenderse por más de un año y cuenta con la citación de unos 1.500 testigos, ha atraído la atención nacional e internacional.
En las afueras del tribunal, unos 80 simpatizantes se congregaron en apoyo a Fujimori, mientras que un grupo de opositores también estuvo presente, generando tensiones controladas por la policía. Entre los acusados junto a Fujimori se encuentra su exesposo, Mark Vito Villanella, y otros exdirigentes de Fuerza Popular.
La fiscalía peruana acusa a Keiko Fujimori de varios delitos graves, incluyendo lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia, y falsedad en declaración administrativa. La defensa de Fujimori ha sostenido que el dinero en cuestión tiene un origen lícito y que las acusaciones carecen de fundamento jurídico.
Si es encontrada culpable y el juicio concluye antes de 2026, Fujimori podría enfrentar consecuencias legales que afecten su elegibilidad para las elecciones presidenciales de ese año. Este caso forma parte del escándalo de corrupción de Odebrecht en Perú, que ha implicado a varios expresidentes y políticos de alto perfil.
Con Perú aun lidiando con las secuelas de este escándalo que ha debilitado sus instituciones y polarizado la política, el juicio de Keiko Fujimori representa un momento crucial para la democracia del país sudamericano.