Con un respaldo mayoritario de 57 votos, la Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado una reforma integral a la Ley de Protección al Consumidor, con el objetivo de dotar a la Defensoría del Consumidor de herramientas efectivas para salvaguardar los derechos de la población frente a prácticas abusivas por parte de las empresas. Estas modificaciones representan un avance significativo en la protección de los consumidores y establecen estándares más altos de calidad en los servicios y bienes comercializados.
Entre las nuevas disposiciones, se contempla la obligación de los proveedores de servicios de cumplir con una serie de normativas para evitar prácticas abusivas contra los consumidores. Una de las medidas más destacadas es la posibilidad de que los consumidores que enfrenten un sobreendeudamiento puedan solicitar asesoría a la Defensoría del Consumidor para buscar soluciones como reestructuración, refinanciamiento u otros arreglos financieros.
Además, el decreto reformado prohíbe a los proveedores ofrecer bienes o servicios a precios superiores a los anunciados por cualquier medio escrito o visual, así como limita la recopilación y uso de datos personales y crediticios de los consumidores sin su consentimiento expreso, a excepción de la transferencia a burós de crédito.
La legisladora Dania González, quien participó en la elaboración de estas reformas, destacó la importancia de estas limitaciones en la transferencia de información, en línea con la Ley del Historial Crediticio, que salvaguarda los datos personales y el historial crediticio de los clientes de las instituciones financieras.
González resaltó que estas reformas fortalecen las competencias de la Defensoría del Consumidor, permitiéndole actuar con mayor eficacia en la protección de los consumidores salvadoreños.
El impacto positivo de estas herramientas legales ya se está reflejando en la devolución de fondos a las familias salvadoreñas. Según datos proporcionados por los diputados, al cierre de 2023, se logró regresar un total de $4.4 millones a las familias que enfrentaron problemas con servicios financieros, demostrando así el efecto tangible de estas medidas en la vida de los ciudadanos.