Con una mayoría de 56 votos, los parlamentarios han aprobado una importante actualización a la Ley de Devolución o Venta en Pública Subasta de Vehículos Automotores o Piezas Automotrices, Incautados, Secuestrados, Decomisados o en Estado de Abandono. Esta ley, que no había experimentado modificaciones desde su entrada en vigor en 2004, ha sido revisada para agilizar los procedimientos judiciales relacionados con estos bienes.
El decreto establece una reducción significativa en los tiempos para que un juez de Paz determine el destino de los vehículos que se encuentran en depósito judicial o administrativo, ya sea por estar involucrados en investigaciones o accidentes. Anteriormente, este proceso podía extenderse hasta 12 meses, pero con la nueva legislación se acorta a 90 días.
Una de las principales novedades es la reducción del tiempo para que una persona pueda reclamar un vehículo o piezas automotrices en depósito, embargado o bajo disposición judicial. Pasará de 12 meses a tan solo 90 días una vez que las actualizaciones estén vigentes. Además, se establece un plazo máximo de 30 días para que el juez notifique a los legítimos dueños sobre la disponibilidad de sus bienes, quienes tendrán cinco días hábiles para retirarlos una vez levantadas las restricciones legales.
En caso de que el propietario no inicie los trámites para la recuperación del vehículo o las piezas dentro del plazo establecido, el juez competente declarará en abandono el bien y ordenará su venta en subasta pública. La notificación de esta venta será publicada una sola vez en dos periódicos de mayor circulación nacional.
Los fondos obtenidos de la venta de estos bienes se destinarán al pago de costas del procedimiento, impuestos, derechos, tasas o multas pendientes, así como los gastos de conservación o depósito. Cualquier remanente ingresará en calidad de Fondos Ajenos en Custodia por tres meses, y si nadie lo reclama en ese tiempo, pasará al Presupuesto General de la Nación.
Además de agilizar los procedimientos legales, estas medidas tienen también un impacto positivo en la salud pública. La acumulación de vehículos en desuso puede convertirse en criaderos de vectores de enfermedades como mosquitos, lo que representa un riesgo para las comunidades cercanas a estos predios. Esta actualización legislativa busca abordar esta problemática de manera efectiva.