Durante el periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2022 y el 8 de mayo de 2024, las autoridades han llevado a cabo una contundente acción contra las pandillas, logrando la captura de 80,044 pandilleros. Estas detenciones han representado un importante golpe a las fuentes de financiamiento de estas organizaciones delictivas, con un decomiso total de $157,389,014 en drogas y $28,535,940 en efectivo.
El pasado 5 de mayo, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Abel Antonio Ayala Rivera y Rubén Alexander Andrade Orellana en una operación realizada en San Miguel. Durante esta intervención, se decomisaron 4,578 gramos de marihuana, valuados en $16,160.34, así como $2,340 en efectivo y 2 teléfonos celulares pertenecientes a los detenidos.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, enfatizó la determinación del gobierno en la lucha contra el tráfico de drogas, destacando que el país no permitirá que las pandillas operen con impunidad. Asimismo, aseguró que el Estado está preparado para detener a cualquier individuo que busque causar daño a la población.
Estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que, durante este periodo, se han incautado 4,088 armas de fuego y 8,551 vehículos utilizados por las pandillas para cometer delitos y mantener a la población amenazada. Además, se han decomisado 20,448 teléfonos celulares, los cuales están siendo analizados para obtener información relevante en la lucha contra el crimen organizado.
Según la FGR, de los 80,044 pandilleros capturados, la mayoría pertenecen a la MS, seguidos por miembros de la pandilla 18 y otras estructuras criminales como la Mao Mao y la Máquina. San Salvador es el departamento con mayor cantidad de detenidos, seguido por Sonsonate y La Libertad.
El fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, informó que el 89% de los pandilleros detenidos se encuentran en prisión mientras continúan los procesos judiciales en su contra. Delgado destacó que la Fiscalía ha presentado más de 4,000 solicitudes de imposición de medidas, lo que ha permitido la detención de estos individuos y su procesamiento como parte de organizaciones criminales.
El trabajo coordinado entre las autoridades y el sistema judicial ha permitido avanzar en la lucha contra las pandillas y sus actividades ilícitas, demostrando el compromiso del gobierno en garantizar la seguridad y el bienestar de la población.