En una conferencia pública celebrada en uno de los hoteles más prestigiosos de San Salvador, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) hizo una contundente afirmación: en El Salvador, según sus palabras, «no hay libertad de prensa».
La APES convocó a varios periodistas asociados y a la prensa en general para presentar su informe anual sobre libertad de prensa correspondiente al año 2023, basado en datos proporcionados por los directivos de la asociación.
Según este informe, durante el año anterior se registraron un total de 311 agresiones contra los medios de comunicación, lo que representa un aumento significativo de 124 casos respecto al año 2022. La APES asegura que todas estas agresiones fueron provocadas por funcionarios públicos.
Para la elaboración y presentación de este informe, la APES contó con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Unión Europea en El Salvador y la embajada del Reino Unido en dicho país. En el evento estuvo presente el embajador británico, David Lelliott, junto a otros invitados destacados.
Dentro de las agresiones documentadas, se incluyen 21 casos de intimidación, 11 detenciones arbitrarias, 7 agresiones verbales, 5 amenazas legales, 4 casos de vigilancia, 4 difamaciones, 4 amenazas directas, 3 actos de censura, 2 detenciones arbitrarias de familiares y 2 casos de hostigamiento judicial. Cuarenta de estas agresiones estuvieron relacionadas con el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
La APES señala que más del 50% de estas agresiones provienen del Estado, distribuidas de la siguiente manera: 89 fueron cometidas por funcionarios públicos, 25 por la Policía Nacional Civil (PNC), 16 por empleados públicos, 15 por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), 7 por instituciones públicas, 2 por el gobierno, 1 por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), 1 por un docente de la Universidad de El Salvador, 1 por la Fiscalía General de la República (FGR) y 8 por medios estatales.
Según la APES, las formas más comunes de agresión incluyen declaraciones estigmatizantes, acoso digital, restricciones al ejercicio periodístico, calumnias y violencia de género.
Aunque más del 50% de estas agresiones ocurrieron en el espacio virtual, el resto tuvo lugar en lugares físicos, principalmente en el departamento de San Salvador.