La Corte de Cuentas de la República (CCR) ha confirmado condenas de juicios de cuentas por irregularidades en el manejo de fondos públicos durante el año 2023, con un monto total de $13.8 millones ($13,854,189.55). Este número representa un aumento del 22 % en comparación con el año anterior, cuando las condenas confirmadas alcanzaron los $11.2 millones ($11,265,716.83).
A pesar de que en 2023 se emitieron auditorías que encontraron montos irregulares por un total de $46.3 millones, lo que representa una disminución del 67 % en comparación con el año anterior, el monto de las condenas en juicios de cuentas fue ocho veces mayor que en 2022.
Las direcciones de auditoría de la CCR detectaron una posible responsabilidad patrimonial por un total de $46,389,963.99 en 2023. Sin embargo, es importante destacar que no todos los montos cuestionados en las auditorías pasan a juicios de cuentas en las cámaras de primera instancia, y estas pueden o no condenar.
En cuanto a las condenas emitidas por las cámaras de primera instancia, estas aumentaron significativamente en 2023, alcanzando los $112.9 millones ($112,922,232.62), lo que representa un aumento del 783 % en comparación con el año anterior. Por otro lado, el monto absuelto por las cámaras disminuyó un 10 % en el mismo período.
Las sentencias emitidas por las cámaras de primera instancia se distribuyeron principalmente entre municipalidades (58 %) e instituciones del sector público (42 %). Es importante destacar que estos casos aún deben ser revisados por la Cámara de Segunda Instancia, compuesta por los tres magistrados electos cada tres años por la Asamblea Legislativa.
De las condenas confirmadas, $103,647,867.38 fueron atribuidos a instituciones del sector público y $9,274,365.24 a municipalidades. Por otro lado, se emitieron absoluciones por un total de $26.8 millones, con $22,275,522.67 para el sector público y $4,598,858.70 para municipalidades.
Es relevante notar que durante el año 2023, los servidores públicos señalados han cancelado $443,497.76, lo que representa un aumento significativo en comparación con los $124,025.14 pagados en 2022. Estos datos reflejan los esfuerzos por parte de las autoridades para responsabilizar a aquellos que han incurrido en irregularidades financieras y garantizar la transparencia en la gestión de los fondos públicos en El Salvador.