El código penal establece penas entre 5 y 8 de años de prisión por el delito de estafa sobre viviendas o terrenos destinados a la construcción de viviendas, además de artículos de primera necesidad.
La propuesta establece penas más largas para las lotificaciones por el hecho de comercializar este tipo de terrenos que no están legalizados o registrados debidamente.
Por tal razón el proyecto intercala un nuevo artículo 216-A que castigaría con prisión de 8 a 12 años por el delito de comercialización de litificaciones irregulares.
La propuesta fue recibida en el legislativo el miércoles 5 de julio, y ocho días después de que una representación de las Comunidades de Fe Organizadas en Acción (Cofoa), que aglutina a 7,500 familias afectadas, propusiera una reforma que también indemnizaba a familias que reclaman las escrituras de sus propiedades a lotificadoras. La segunda reformas penal propuesta por el gobierno se daría al artículo 338 del código penal para aumentar la pena al delito de desobediencia al rango de penas de 1-3 años a 3-4 años de prisión y el rango de multas de 50-100 a 100-150 días de multa.
Así mismo el ministerio de vivienda presento el 5 de junio un proyecto de ley especial para la regularización de lotificaciones y parcelaciones para uso habitacional. El proyecto agrega como infracción a la ley especial sancionada como multa de hasta $73,000 por el incumplimiento del plazo establecido por la normativa para una lotificadores en proceso de regularización presente sus documentos ante el centro nacional de registro.