Con 64 votos la Asamblea Legislativa aprobó un decreto transitorio y excepcional con el que faculta al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, verificar cómo las municipalidades emplearon el 30% de los recursos que recibieron.
#SesiónPlenaria18✍? Con 64 votos a favor, aprobamos emitir un decreto transitorio y excepcional para que @HaciendaSV realice un examen especial a la ejecución de los recursos transferidos a las alcaldías según el decreto legislativo 608. pic.twitter.com/oGJZajAnwu
— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) August 31, 2021
Son $191.7 millones que el gobierno entregó a las 262 alcaldías, el año pasado. Los fondos orientados para atender la pandemia del COVID-19 y realizar diferentes proyectos sociales así como asistencia a las familias que residen en zonas vulnerables.
La solicitud del Ejecutivo para recibir la autorización se debió a que, a casi un año de habérseles entregado los recursos, las municipalidades no han rendido cuentas sobre el uso que se le dio al dinero. Dichos recursos provenían de los $2,000 millones que la legislatura anterior le autorizó al Gobierno conseguir con organismos internacionales para el Fondo de emergencia y de recuperación y reconstrucción económica del país, que serviría para enfrentar la pandemia del COVID-19.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) tampoco ha hecho públicos los resultados de las auditorías que se les realizaron a las alcaldías.
“Le estamos dando herramientas a la institución encargada de las finanzas porque la Corte de Cuentas de la República no ha hecho ninguna auditoría sobre el manejo de estos fondos por parte de las alcaldías”, expresó ante el pleno el diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro.
El funcionario enfatizó que la población tiene derecho a saber en qué invirtieron el dinero los alcaldes.
Cuando el titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó la solicitud a la Asamblea Legislativa explicó que el ministerio es el encargado de realizar los pagos a los organismos multilaterales que prestaron el dinero al Gobierno para atender la emergencia por COVID-19 y, por lo tanto, debe garantizar de que se invirtió de forma adecuada.
Zelaya aclaró que el Ministerio de Hacienda no pretende usurpar a las funciones del ente contralor, pero expresó que este ha actuado con pasividad respecto a este tema. “No estamos usurpando una facultad que no nos compete, sino que es una petición ante la pasividad de otras instituciones. Vamos a determinar las responsabilidades pertinentes. No vamos a acusar a nadie falsamente”, aseveró el funcionario.
La propuesta establece que todos los gobiernos municipales tendrán 10 días hábiles para entregar la notificación requerida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
Previamente, la institución contratará a 300 personas que hayan cursado no menos de cuatro años de Licenciatura en Contaduría Pública para que practiquen los exámenes a las alcaldías. Los resultados que obtengan serán entregados a la CCR y a la Fiscalía General de la República para que, en caso de existir irregularidades en el uso del dinero, inicien procesos y deduzcan responsabilidades.
#SesiónPlenaria18✍? “La mayoría de los alcaldes que recibieron estos fondos no los utilizaron en los momentos más críticos que vivió El Salvador, algunos compraron vehículos e inmuebles y se apropiaron de estos recursos”, diputado @CalebNNavarro. pic.twitter.com/p4CUc63yfx
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