El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro entregó esta tarde al Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro una iniciativa que consiste en reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal.
“La iniciativa de reforma es para que los actos de corrupción en este país no prescriban. Incluye a los funcionarios de los últimos 30 años, es decir, de todos los gobiernos”, detalló el Presidente Castro.
Con ello, se eliminarán las barreras temporales que evitan la persecución de delitos de corrupción cometidos hace más de 10 años, muchos de ellos institucionalizados bajo mecanismos oscuros para desviar fondos públicos, señalaron las autoridades.
La reforma solicitada incorporará la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción; así, el inciso final del artículo 32 quedaría de la siguiente manera:
“…No prescribe la acción penal en los casos siguientes: tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violación de leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas, delitos cometidos contra la libertad sexual de menor o incapaz, y los establecidos en el Libro II, Título XVI, Capítulos II y III del Código Penal…”
Las partes señaladas del Código Penal tienen que ver con los delitos relativos a la administración pública y la corrupción. Gobiernos anteriores establecieron un marco regulatorio para blindarse ante la justicia y quedar en la impunidad por el cometimiento de estos delitos, a través de la prescripción de los mismos después de 10 años.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dijo que la reforma implica retroactividad para procesar a quienes cometieron actos de corrupción hace más de 10 años.
Asimismo, aclaró que toda acción penal conlleva una responsabilidad civil. “En consecuencia, debe haber restitución civil de los fondos recibidos de forma ilegal, anormal e ilícita”, dijo.
Villatoro señaló que diputados de anteriores legislaturas de manera “hipócrita” suscribieron tratados internacionales, como la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconocen la necesidad de prevenir, detectar, sancionar y erradicar estos actos. No obstante, nunca llevaron estos compromisos a la práctica.
La iniciativa pasará a estudio de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para dotar al país de un cuerpo normativo que haga prevalecer la justicia, procese a los culpables, emita las sentencias respectivas y devuelva a las arcas del Estado el dinero desfalcado para que sea transformado en beneficios en las áreas de educación, salud, seguridad, entre otras.
La iniciativa busca la reforma del artículo 32 del Código Procesal Penal que incorpora la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, lo que significa que incluiría a todos los funcionarios de los gobiernos de los últimos 30 años.
— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) July 27, 2021