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Javier Argueta, Asesor Jurídico de la Presidencia menciona que con respecto al tema de asignación de fondos de forma ilícita, los responsables son algunos disputados que conformaban la comisión de Hacienda, su presidente y la junta directiva que asignaba fondos incluso después del dictamen, sin discutirlo.
Otros que el asesor jurídico señala, es a los técnicos que pudieron avalar esto sin haber denunciado el hecho menciona. Así mismo podrían estar involucrados los representantes legales de las ONG que recibieron los fondos y que estas no se utilizaron para los fines con que fue acordado en los estatutos.
También, Javier señala que se encuentran las juntas directivas de las ONGs que tendrán responsabilidad en dos vías: la primera con la Corte de Cuentas en donde se les obligue a través del artículo 34, que indica que regresen los fondos de su patrimonio y la otra responsabilidad a la que pueden incurrir es penal, en donde la FGR tiene que hacer el análisis de una posible “malversación de fondos”, indicó.