Organizaciones de la sociedad civil presentaron el pasado 16 de febrero ante la Asamblea Legislativa un anteproyecto que fortalezca la Corte de Cuentas.
De acuerdo, a las organizaciones estas iniciativas buscan dotar a la Corte de Cuentas de las herramientas necesarias para cumplir con su mandato constitucional de fiscalizar la Hacienda Pública y la ejecución presupuestaria, así como de velar por el correcto uso de los recursos de todos los salvadoreños y especialmente el funcionamiento de la democracia y el combate contra la corrupción.
El paquete de reformas incluye tres iniciativas de ley la primera es fortalecer la función de control en la Ley de la Corte de Cuentas de la República, la segunda es realizar cambios puntuales a la Ley sobre Constitución de Sociedades por Acciones de Economía Mixta y la última incluir dos nuevos delitos en el Código Penal.
Algunos ejemplos de lo que las propuestas contienen son:
Establecer plazos determinados para que los entes a fiscalizar suministren a la Corte de Cuentas la documentación y los accesos necesarios para ello, estableciendo, además un procedimiento claro y sencillo para actuar en caso de haber negativa por parte de los funcionarios responsables, con el apoyo de la fuerza pública.
Ampliar el ámbito de control de la Corte, incluyendo de forma clara y precisa a entidades privadas y de economía mixta que manejan fondos públicos, debido a que, históricamente, ha habido falta de claridad acerca del alcance de la fiscalización por parte del ente contralor, garantizando así que todos los recursos que pertenecen a la población puedan ser auditados, independientemente del mecanismo bajo el cual se administren.
Establecer sanciones penales ante la negativa a suministrar la documentación necesaria para que la Corte de Cuentas pueda practicar auditorías, por parte de los funcionarios y particulares que se vean involucrados; tipificando, además una agravante en caso de que se impida mediante la violencia el control de la Corte.
Fortalecer el sistema de control interno de las instituciones, dotando de mayor independencia al auditor interno, lo cual permitirá un seguimiento y control más independiente y efectivo.
Deducir responsabilidades en contra de los privados que administren o ejecuten contratos, ampliando aún más la posibilidad de sancionar a los responsables de la mala calidad de obras.
Con estas reformas las organizaciones consideran que se disminuirá la impunidad en el abuso de los fondos públicos, se garantizará la adecuada y eficiente gestión de los recursos contando con un esquema de control de las exigencias y necesidades de la población.