Este 15 de enero, un total de 35 familias afectadas por el deslave en Nejapa, San Salvador, ocurrido el 29 de octubre de 2020, y que fueron trasladadas a Ciudad Marsella, en San Juan Opico, hicieron un llamado al Gobierno central para que sean reubicadas.
Las familias primero han buscado ayuda con el alcalde de Nejapa, Adolfo Barrios. Entre voz cortada, una mujer de edad avanzada, identificada como Constanza Flamenco, explicó que las razones son diversas y van desde la discriminación que están sufriendo en el lugar hasta que no pueden garantizar sus ingresos porque viven de trabajar en el campo.
«La razón por la que vine a buscar al señor alcalde fue porque al principio yo me sentí bien porque muy bonitas las casas, pero después fue lo bueno: me enfermé, he pasado toda esta semana bien enferma y entonces yo vivo de la venta de mi leche, de todo lo que hacemos en nuestro pueblo y allá está bonito, porque no les voy a decir que no, pero no es la vida de nosotros, la vida de nosotros es vivir en el campo», expresó Flamenco.
Otros ciudadanos contaron que los vigilantes de la residencial los tratan mal. Blanca Flores aseguró que le reclamaron a su hijo porque estaba escuchando música y él le explicó que en el reglamento decía que se podía hasta las 10 de la noche pero el vigilante le expresó que él tenía que hacer lo que ellos decían y lo «trataron hasta de pandillero».
El pasado 19 de diciembre, el presidente de la República, Nayib Bukele, montó un evento en Ciudad Marsella y ahí anunció que consiguieron 252 casas para todos los afectados por el deslave y la Tormenta Amanda. En total, fueron 174 viviendas para familias de la comunidad Nueva Israel, de San Salvador, y 78 para los afectados de Nejapa.
En junio de 2020, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, había dicho que construirían 112 viviendas en finca «La Bretaña», ubicada en San Martín, para las personas que perdieron todo a raíz de las tormentas Amanda y Cristóbal. Informó que el terreno era propiedad del Estado, con lotes de 60 metros cuadrados y que no estaba en una «zona de alta vulnerabilidad”.
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Asimismo, el 30 de octubre, un día después del deslave, la misma funcionaria anunció que ya habían identificado el terreno donde podían construir los hogares para las familias afectadas de Nejapa. El lugar estaba a solo 11 kilómetros de la zona afectada y también era propiedad del Estado.
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Pero, en diciembre, el Ejecutivo informó que ya había encontrado lugar para ellos, en Ciudad Marsella, ubicada en el departamento de La Libertad.
Según dijo Bukele ese día, las casas no tenían ningún costo para los beneficiarios, incluso afirmó que no pagarían las cuotas de mantenimiento que se deben cancelar por las áreas comunes. Días después, la ministra de Vivienda, expresó que no es el Gobierno quien las compró sino los mismos beneficiarios, esto en justificación del por qué no había licitación, aunque luego se retractó en sus redes sociales, «aclarando» que sí se trataba de una donación.
Sin embargo, este mismo día, una de las familias aclaró que para algunos las viviendas realmente no han sido un «regalo», si no «un cambio», puesto que los están obligando a firmar un documento para renunciar a sus terrenos y estos pasarán a propiedad del Estado.
«Tenemos que firmar por la demolición de nuestras casas y la renuncia a nuestro pedacito de terreno. Entonces, en mi caso, yo de ese terreno soy como una tutora, no soy dueña y yo me siento mal porque es como robar algo a cambio de una casa para mí, el dueño es mi hijo, ¿lo dejo en la calle?… No es un regalo (la casa), es como un cambio y eso no lo habló el presidente ni la ministra de Vivienda», lamentó.
A la pregunta de la prensa si ya firmaron un documento, ella respondió: «Yo creo que aquí todos hemos firmado pero nadie sabe qué firmamos, porque ya era noche y no habíamos ni almorzado y nos decían firme aquí y aquí, entonces ese es mi inquietud, porque cómo voy a entregar algo que no es mío».
Firmalmente, las familias y el alcalde Barrios hicieron el llamado a la ministra Sol y al presidente Bukele para que escuchen sus «súplicas».