Fiscales que están a cargo de la investigación por las compras presuntamente irregulares en la emergencia por la pandemia del COVID-19 brindaron este jueves una conferencia de prensa para refutar la versión que han dado funcionarios del Gobierno central con respecto al incidente ocurrido el martes en las instalaciones del Ministerio de Salud.
De acuerdo a la versión del Ejecutivo, los fiscales, en el segundo día del allanamiento, llegaron “fuertemente armados”, presentaron 36 horas después la orden del juez, les gritaron al personal del Ministerio, “privaron de libertad” a los empleados y se llevaron equipo informático vital para poder realizar sus labores cotidianas y para que la red de salud pública pueda funcionar.
Sin embargo, los fiscales han refutado todas esas versiones y contaron a detalle qué ocurrió desde el lunes 9 de noviembre:
En total, fueron 5 fiscales y otro personal, haciendo un total de 11 personas, que participaron en ese procedimiento. El lunes desde las 8 de la mañana iniciaron los registros en las diferentes dependencias del Ministerio de Salud; en la sede central se informa a las personas que estaban presentes como encargadas, se les presentó la orden del registro y se les explicó cuánto tiempo iban a permanecer. Ese día la diligencia marchó dentro de los “parámetros adecuados”.
El procedimiento se extendió y se dejó a dos fiscales para que estuvieran pendientes de las actividades que se pudieran realizar; para poder resguardar a los fiscales, se dejó al personal de seguridad de la institución afuera de las instalaciones, quienes sí portaba armas de fuego.
El martes 10 de noviembre, día en que correspondía entrar a los servidores y equipo del ministro de Salud, Francisco Alabí, se hizo el relevo de los fiscales y alrededor de las 2 de la tarde se informó que las autoridades del Ministerio habían decidido no permitir el ingreso de más equipo.
Se llamó a otro fiscal para que hablara con las autoridades encargadas de Salud, pero la seguridad privada del lugar no permitían su ingreso hasta que llegó el asesor Jorge Castro, la gerente general, Ana Aguilar, y otros representantes y le expresaron que estaban molestos por tres razones: “No se les entregó copia de la orden judicial, no les había gustado el trato que les dieron y se llevaron equipo informático vital”.
El fiscal pidió disculpas si se sintieron incómodos pero recordó que es parte de su trabajo evitar que el personal no esté interfiriendo mientras se hacen las diligencias y con el equipo informático se comprometió a realizar la gestión para hacer una copia forense de la información y regresar lo incautado lo más pronto posible. Fue en ese momento que se dieron cuenta que no estaban dejando ingresar a la fiscal encargada, la superior.
La fiscal a cargo manifestó que “se vulneraron sus derechos”, porque son la entidad respectiva para investigar, independientemente quién sea. “El martes se me impide el ingreso a mí y a mi personal, éramos 6 mujeres, que nos distinguía la chamarra de la Fiscalía, no es cierto que fuéramos armadas, ni entramos de forma prepotente”, declaró.
Según relató ella y una fiscal auxiliar, los vigilantes privados les dijeron que no podían dejarlas entrar por órdenes superiores. Ellas explicaron que tenían una orden judicial y que “nadie está obligado a cumplir una orden ilegal, que podían incurrir en un delito”, a lo que estos responden que ellos habían sido amenazados de perder su trabajo si las dejaban entrar.
“Se han hecho una serie de denuncias y afirmaciones (de funcionarios del Ejecutivo), y lo que se está haciendo es manipular la información para desinformar a la población. Se habla de privación de los empleados, queremos ser enfáticos que jamás hemos realizado ningún tipo de limitaciones a las personas que estaban adentro. Nosotros fuimos comprensivos pero recibimos el ataque y acoso de parte de ellos”, expresó la auxiliar.
Tras unos minutos, alguien abrió la puerta del lugar y ellas lograron entrar y luego apareció Jorge Castro “alzando la voz del por qué se les permitió el ingreso, que él había dado la orden de que no entraran”.
“A partir de ese momento se da la orden que se nos impida continuar la diligencia, se realiza acoso por parte de los empleados del Ministerio, de la prensa institucional y si a alguien se le violentó sus derechos fue a nosotros, se nos decía que no teníamos por qué estar ahí, que nos retiráramos del lugar y esta señora (Ana Aguilar) incluso ejerció violencia”, indicó.
Luego apareció el jefe de la Unidad Especializada, García Funes, agente que ellas conocen, pero llegó de “forma prepotente”, la “empujó”, pero creyó que había sido sin intención. “Me dijo: Yo no vengo auxiliarlos a ustedes, yo vengo en apoyo de los ministros y yo con quien vengo a entenderme es con el fiscal German Arriaza”, relató que le dijo Funes.
Asimismo, la fiscal aseguró que el jefe de la Unidad Especializada le informó que intervino al personal que estaba afuera porque les encontró armas de fuego. “No nos los vamos a llevar porque estaban a nombre de la FGR, pero de una multa no se van a salvar”, dijo Funes, según la fiscal.
A diferencia de la versión del Gobierno central, los fiscales recalcaron que informaron debidamente a las autoridades de Salud, además que tienen conocimiento que “una gran cantidad de abogados” de ellos estaban en el Juzgado y estaban viendo las diligencias, y se les leyó la orden de registro.
A la pregunta del por qué la PNC no participó con ellos en este proceso, una de las fiscales respondió: “Porque no tenemos el apoyo de ellos, yo solicité al señor Peña el apoyo de ellos desde el principio, él nos acompañó en la primera diligencia (que fue hace unos días), eso fue un día sábado y el día domingo lo trasladaron a Usulután. Nosotros no queremos perjudicar a los policías, es lamentable que a las personas que nos apoyen, se trasladen”.
Los fiscales cuestionaron por qué el Ministerio puso resistencia justo cuando iban a ingresar a los servidores, además resaltaron que solo en esa institución se dieron problemas, pues en ANDA, FONAES, Agricultura, Medio Ambiente y Hacienda no tuvieron dificultades u obstaculización.