Luego de los allanamientos en el Ministerio de Salud, este jueves los fiscales brindaron una conferencia de prensa donde revelaron que hay 17 investigaciones por compras irregulares en la pandemia y la “falta de colaboración” de esa institución con el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) originó los allanamientos.
“Informamos que son 17 los expedientes que tenemos abiertos, es decir, son 17 investigaciones que llevan un canal de depuración», informó uno de los fiscales presentes en la conferencia de prensa.
Los funcionarios confirmaron lo que dijo el ministro de Salud, Francisco Alabí, de que “una persona” de la CICIES es la que denunció las irregularidades y fue: el comisionado Ronalth Ochaeta, quien actúa como representante especial del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y CICIES en El Salvador.
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Los fiscales explicaron que las investigaciones por “posibles actos de corrupción” iniciaron en julio de este año y, así como sucede en toda investigación, iniciaron requiriendo informes al Ministerio de Salud, pero no colaboraron.
“Realizamos el procedimiento común, que consiste en solicitar la información a las personas naturales y jurídicas, para el caso específico al Ministerio de Salud, pero no hemos tenido la colaboración, hemos tenido negativas en las que se no dice que no tienen los documentos, que no la pueden proporcionar o simplemente no nos han respondido”, señalaron.
El Ministerio Público también reveló que la CICIES tampoco pudo tener acceso a la documentación y, en vista de eso, “no quedó otra salida más que hacer la solicitud de registro con prevención de allanamiento”.
El comisionado de la CICIES envió a la FGR informes que documentan una serie de irregularidades en las compras que el Gobierno central hizo durante la declaratoria de emergencia por el COVID-19 y, según los fiscales, hay tres montos que llaman la atención, pero solo especificaron dos: una compra por $12 millones y otra por medio millón.
Los fiscales leyeron una parte del informe del comisionado, de fecha 7 de septiembre, donde pide que se investigue la compra que el Ministerio de Salud hizo a Autodo S.A de C.V., información que salió a la luz por una investigación periodística de la Revista Gato Encerrado, empresa de familiares del ministro Francisco Alabí:
“Las observaciones y hallazgos denotan que el proceso de compra adjudicado a Autodo S.A de C.V se hizo a un proveedor cuyo giro comercial es diferente al objeto de la compra, que hubo un único proveedor invitado a ofertar, que la oferta de Autodo se le solicitó y se recibió en la UACI del Minsal con cuatro días de anticipación a la suscripción de solicitud de compra de las botas. Que se elaboró una segunda acta de recepción de la primera entrega del producto en la que se modificó la identidad que actuó en representación de la Sociedad, ocultándose y modificándose el hecho que el señor José Ángel Montoya Quiñonez hizo la primera entrega; sobre este último aspecto, ha circulado en diferentes medios de comunicación que el señor Montoya Quiñonez y la señora Celina de Quiñonez tienen un grado de parentesco con el titular del Ministerio de Salud”.
“El elemento factico antes narrado podría configurarse en el ilícito de actos arbitrarios y negociaciones ilícitas”.
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Los fiscales dejaron claro que como Ministerio Público no están “cuestionando la necesidad o no de compra de estos insumos”, pues están “claros que estamos enfrentando una pandemia”, sino las “irregularidades, los desembolsos de millones de dólares, los millones que se pagaron y a la fecha (los insumos) no se han recibido”.
Hasta ahora –informaron, en el Ministerio de Salud han incautado “15 evidencias digitales, computadores del ministro, viceministro, encargado de la UACI, jefe de la UFI, una memoria, tres computadores de colaboradores y tres o cuatro discos duros”.
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