Un ciudadano denunció que el laboratorio «Analiza», el primero en ser autorizado para realizar pruebas COVID-19, sustrajo reactivos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), para poder obtener los permisos que el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) exige para ser autorizados para realizar pruebas PCR-RT, según la denuncia interpuesta ante el Consejo «Analiza» tuvo la autorización de un delegado de Casa Presidencial.
La denuncia se dio a conocer este lunes por la diputada Rina Araujo de la fracción del FMLN en la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa. La miembro de la Junta de Vigilancia de la Profesión en laboratorio clínico del CSSP, Beatriz González, confirmó la información.
De acuerdo al expediente de denuncia 609, que fue interpuesto el 10 de agosto, indica que, el 27 de julio, la jefe de biología molecular del Hospital General del ISSS entregó los reactivos a un empleado de Analiza, por orden de un médico venezolano, delegado de Casa Presidencial.
La denuncia 609 ante la CSSP dice lo siguiente: «El 27 de julio pasado del reactivo presentado fue sustraído del ISSS y llevado a Analiza para que les aprobaran la inspección y fue devuelto ese mismo día para evitar sospechas, esto me da sospecha que se quiere dar la aprobación el cual no cumple. Una forma de comprobar esto es que nunca hubo factura, porque fue sustraída para favorecer intereses privados”.
Durante una exposición de los miembros del CSSP para explicar cómo otorgan permisos a los laboratorios privados, Araujo les preguntó si conocían la denuncia: «¿Ustedes saben que en la oficina tramitadora de denuncias tienen el expediente 609? ¿No han hablado nada de esta denuncia? Porque estamos hablando de un laboratorio nivel II pero estamos hablando de una prueba PCR. Quisiera escuchar una observación de esto”.
La miembro de la Junta de Vigilancia de la Profesión en laboratorio clínico del CSSP respondió:
«Ese caso llegó a la junta de vigilancia, lo vimos en sesión, los discutimos los cinco miembros de la junta de vigilancia y lo remitimos a la Oficina Tramitadora de Denuncia, porque ese resultado siempre llega a la junta”.
El permiso para que Analiza comenzara a realizar pruebas de COVID-19 fue dado a conocer por el ministro de Salud, Francisco Alabí, el pasado 19 de agosto y, según la denuncia, el laboratorio recibió la autorización diez días después de interpuesta la denuncia por sustraer los reactivos del ISSS.
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