A petición de los abogados representantes de las víctimas de la masacre de El Mozote y Sitios Aledaños, el juez del caso, Jorge Guzmán, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la posible comisión de delitos de parte del presidente de la República, Nayib Bukele, y el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, por los bloqueos a la inspección de archivos militares.
Los delitos que se pidió que investiguen son: Actos arbitrarios, Incumplimiento de deberes, Desobediencia y Encubrimiento de parte de la Presidencia.
Guzmán informó que también se solicitó que se investigue si se cometió el delito de sustracción de documentos de los archivos militares, esto luego que él ordenara el resguardo de los documentos y la no sustracción.
Por otra parte, el juez certificó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Sala de lo Constitucional el seguimiento del cumplimiento de las siguientes sentencias:
- Condena de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el proceso Masacre El Mozote versus El Salvador;
- Sala de lo Constitucional de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, en 2016.
El 30 de septiembre de 2016 se reabrió el caso por la masacre El Mozote, dos meses después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, una herramienta jurídica que otorgaba perdón a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.
Las organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la impunidad en El Salvador habían calificado la decisión de iniciar las inspecciones como un “hito en el juicio”, ya que por primera vez, desde la firma de los Acuerdos de Paz, una autoridad judicial ordenó entrar a instalaciones militares a buscar evidencia y justicia para las víctimas del conflicto armado.
Sin embargo, las víctimas y las demás partes involucradas se toparon nuevamente con un «no» para hacer justicia, pues el Gobierno central bloqueó las diligencias. El 29 de octubre de 2020 fue el último intento que se realizó, pero fue en vano.
En total, fueron seis ocasiones en las que se negó el acceso: Los archivos militares en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, el 21 de septiembre; el Estado Mayor de Fuerza Aérea, Ilopango, el 12 de octubre; la Segunda Brigada Aérea, en San Luis Talpa, el 13 de octubre; la Brigada de Infantería “Óscar Osorio”, en San Juan Opico, el 14 de octubre; en la Tercer Brigada de Infantería de San Miguel, el 27 de octubre; y el 29 de octubre en el Distrito Militar Número Cuatro, en San Francisco Gotera, Morazán.
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