A más de un mes que España condenara al excoronel y ex viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, a 133 años de prisión por el asesinato de los jesuitas españoles en 1989, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA), Ignacio Ellacuría, en las últimas horas se conoció que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha negado hacer justicia también en nuestro país.
Con dos de tres votos de sus miembros, la Sala confirmó el sobreseimiento definitivo a los autores intelectuales, los exmilitares Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios y Francisco Herrera Fuentes, negando así la posibilidad de abrir un nuevo juicio.
En 2017, los abogados de las víctimas y la Fiscalía General de la República (FGR) solicitaron ante el Juzgado Tercero de lo Penal que se realizara un nuevo juicio tras la resolución de la Sala de lo Constitucional que derogaba la Ley de Amnistía. El Juzgado aceptó la petición y esta fue ratificada por la Cámara respectiva, pero la Sala de lo Penal ha dado marcha atrás en este proceso.
“Vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes, esto es, dejando incólume los sobreseimientos definitivos y los efectos jurídicos que fueron dictados originalmente a favor de los imputados en el presente proceso por razones de prescripción, por encontrarse firmes los mismos y ser contrario a nuestra Constitución la pretensión de querer reabrir causas ya fenecidas…”, reza parte de la resolución de los magistrados de dicha Sala.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando de soldados de elite ejecutó a los religiosos en el campus de la Universidad Centroamericana.
Los jesuitas asesinados fueron: los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la Universidad, Julia Elba, y su hija menor Celina Mariceth Ramos.
La resolución que favorece a los exmilitares fue firmada por el magistrado propietario José Roberto Argueta y el suplente Juan Manuel Bolaños.
Ante esto, el abogado de los jesuitas, Arnau Baulena, dijo: “Lo que dice la Sala (de lo Penal) en esta resolución es una aberración jurídica, porque presentamos una solicitud de reapertura del juicio de la masacre de los Jesuitas, siguiendo la resolución de la Sala de lo Constitucional. Esta decisión irrespeta lo resuelto por la Sala de lo Constitucional sobre la Ley de Amnistía”.
Otro de los que reaccionó fue el padre jesuita José María Tojeira: “Seguimos con los oscuros magistrados Bolaños y Argueta. Consagran la impunidad en el caso jesuitas, se burlan de la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía y anuncian: Si masacran, no se preocupen, si hay poder y plata lo arreglamos en Sala de lo Penal”.
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