Luego de girarse una orden judicial, el querellante o acusador particular del caso Masacre El Mozote y Sitios Aledaños, David Morales, informó este 27 de octubre que el presidente de la República, Nayib Bukele, ya entregó los documentos supuestamente “desclasificados”.
“Las famosas cajas que el presidente Bukele mostró en cadena nacional, con presunta documentación del caso, que se había resistido a entregar al Tribunal, finalmente ya llegaron”, informó Morales este martes luego del nuevo fallido intento de inspeccionar archivos militares en la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel.
A casi un mes después que el presidente de la República anunciara en cadena nacional que “desclasificó” los pocos archivos militares que encontró y los entregaría a las autoridades que llevan el caso, el pasado 22 de octubre el juez Jorge Guzmán dio un plazo de cinco días para que los remitiera al Tribunal de Instrucción de San Francisco Gotera.
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El 24 de septiembre, el mandatario salvadoreño anunció que se tomó la atribución de “desclasificar” los archivos y encontró documentos que puso en cinco cajas rotuladas del 1 a la 5, las cuales tenían plasmados los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. El 15 de octubre, en conferencia de prensa, Bukele fue cuestionado del por qué no había entregado aún las cajas con los supuestos archivos «desclasificados», pero el mandatario evitó responder la pregunta y arremetió contra el juez y el acusador particular, David Morales, acusándolos de defender intereses políticos.
Sin embargo, el presidente Bukele ya envió dichos documentos, aunque aún se desconocen qué contienen.
“No sabemos qué contienen, ya llegaron al Tribunal… Pero vamos a ver si han enviado información real, información que interese para el caso o si han enviado documentación que no tenga nada que ver solo para salir formalmente de esta obligación”, agregó el acusador particular.
El 30 de septiembre de 2016 se reabrió el caso por la masacre El Mozote, dos meses después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, una herramienta jurídica que otorgaba perdón a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.
Las organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la impunidad en El Salvador habían calificado la decisión de iniciar las inspecciones como un “hito en el juicio”, ya que por primera vez, desde la firma de los Acuerdos de Paz, una autoridad judicial ordenó entrar a instalaciones militares a buscar evidencia y justicia para las víctimas del conflicto armado.
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