Una vez más, la Fuerza Armada impidió este martes la inspección de los archivos militares por el caso Masacre El Mozote y Sitios Aledaños, esta vez en la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel.
Luego que la agenda tuviera una pausa porque el juez del caso, Jorge Guzmán, la Fiscalía, los peritos, los acusadores particulares y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se encontraran inspeccionando documentos en el Archivo General de la Nación, este 27 de octubre las partes continuaron la diligencia en la Tercera Brigada pero, como en las otras bases militares, se les impidió el acceso.
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«Quisiera que nos abra y nos permita entrar para dar cumplimiento a esta orden judicial de inspección», le dijo Guzmán al representante de la base. Sin ni siquiera abrir la puerta o salir de la caseta, el representante le respondió que no se podía ingresar.
El juez le explicó que una orden judicial es de obligatorio cumplimiento: “Si le han ordenado que no nos deje entrar, usted estaría incurriendo en una conducta delictiva. Usted no está obligado a obedecer una orden que no sea legal”.
Las partes decidieron retirarse del lugar, firmar el acta y hacer constar que los argumentos dados este día fueron “los mismos de siempre”.
“Se repiten los bloqueos. No hay justificación legal. Se trata de un incumplimiento por orden del presidente Bukele y el ministro Merino, están protegiendo criminales de guerra”, lamentó nuevamente el acusador particular, David Morales.
Casualmente, la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel es donde el presidente de la República, Nayib Bukele, el primer día en que tomó posesión de la Presidencia (1 de junio de 2019), ordenó retirar el nombre del Teniente Coronel Domingo Monterrosa.
Monterrosa está vinculado a la masacre de El Mozote, cometida en 1981, cuando fungía como jefe del batallón Atlacatl. En este sentido, Morales señaló: «Con esta acción de bloqueo, haber quitado el nombre de Monterrosa a esta brigada solo fue un acto vacío y superficial».
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El 30 de septiembre de 2016 se reabrió el caso por la masacre El Mozote, dos meses después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, una herramienta jurídica que otorgaba perdón a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.
Las organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la impunidad en El Salvador habían calificado la decisión de iniciar las inspecciones como un “hito en el juicio”, ya que por primera vez, desde la firma de los Acuerdos de Paz, una autoridad judicial ordenó entrar a instalaciones militares a buscar evidencia y justicia para las víctimas del conflicto armado.