Varias reacciones se han generado luego que la Sala de lo Constitucional declarara inconstitucional varios artículos de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), mejor conocida como impuesto a la telefonía. Los diputados de la Asamblea Legislativa son algunos de los que se han pronunciado tanto a favor, pero criticando la tardanza, y otros más cautelosos en sus opiniones.
El diputado René Portillo Cuadra de ARENA es uno de los que criticó a la Sala por la tardanza con la que emitió la sentencia, es decir, cinco años después de que todas las personas naturales tuvieron que pagar un 5% por la adquisición y utilización de servicios de telecomunicaciones, terminales, aparatos y accesorios.
“La justicia tardía es injusticia, tardarse casi 5 años en resolver este tema me parece una burla y una ofensa para el pueblo salvadoreño. Nos parece que la Sala debió actuar con más diligencia, con más compromiso”, dijo Cuadra esta mañana.
La ley del CESC fue aprobada en octubre de 2015 y entró en vigencia en noviembre de ese año, teniendo una vigencia de cinco años, la cual vence el próximo 5 de noviembre. La Asamblea aprobó ese marco legal con 48 votos del FMLN y GANA.
Pese a la tardanza, Cuadra señaló que existen parámetros rescatables de la sentencia: “No se puede volver a repetir esa doble tributación y en consecuencia, tanto el impuesto de grandes contribuyentes como el famoso 5% a la telefonía, no pueden volver a repetirse, precisamente porque esos argumentos han sido declarados inconstitucionales”.
Por su parte, la diputada Yanci Urbina del partido FMLN manifestó que “hay que analizar los alcances que tiene la sentencia, porque hay dos componentes de la contribución especial: lo referente a los consumidores que pagamos todos los ciudadanos y lo otro es el gravamen que tienen las utilidades de las empresas”.
Sin embargo, ¿es cierto que en la resolución de ayer la Sala dejó sin efecto también la Contribución a Grandes Contribuyentes?
No, la Sala ayer falló en lo referente a la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), es decir, el 5% que pagan los ciudadanos o consumidores por las telecomunicaciones.
¿Qué dijo?
La Sala declaró que en realidad nunca fue una “contribución especial”, sino, precisamente, un impuesto disfrazado, un doble cobro tributario. Declararla inconstitucional no quiere decir que los salvadoreños podrán reclamar el dinero, pues los efectos no son retroactivos, por lo cual los contribuyentes no podrán reclamar a la administración tributaria la devolución de las cantidades que hubieren pagado de manera previa en concepto del referido tributo.
Asimismo, aclaró que el CESC mantendrá su vigencia hasta el día de su vencimiento, el 5 de noviembre del presente año, para no afectar los ingresos que se tenían previstos en el Presupuesto General de la Nación 2020.
Cabe destacar que el gobierno de Nayib Bukele ya no pidió una prórroga de dicha ley y, de hecho, la eliminó del proyecto de Presupuesto 2021.
¿Y la contribución a los Grandes Contribuyentes o empresas?
La ley para las empresas se llama Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana (LECEG). Esto es un recargo del 5% a las ganancias iguales o superiores de $500,000 anuales.
Sobre esta, la Sala recalcó que los sujetos gravados son determinables, es decir, se definen según la obtención de una cuantía específica de ganancias netas. “De dicho tributo pudo determinarse que sí existía el potencial nexo entre el pago del tributo y la implementación de una actividad estatal que beneficiara al sujeto obligado”, indicó.
Además, ya en agosto de 2019 los magistrados de Sala dejaron establecido que no existe inconstitucionalidad en sus artículos, puesto que un ciudadano también alegaba que era inconstitucional. En este caso, se señaló que ellos sí realizan una contribución especial y no un impuesto, no existiendo, por tanto, doble tributación sobre las ganancias netas de las personas jurídicas, uniones de personas y sociedades irregulares o de hecho, domiciliadas o no, consideradas como «grandes contribuyentes».
Ahora bien, la LECEG también vence el próximo mes, pero el Ministerio de Hacienda ya pidió una prórroga, además de un aumento del 8%.
El 9 de octubre presentaron la iniciativa a la Asamblea Legislativa y los funcionarios del Ejecutivo explicaron que esto lo consideran «un traslado de los impuestos recaudados del CESC a los impuestos que pagan los grandes contribuyentes sobre sus ganancias superiores al medio millón de dólares anuales».
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