La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el acoso que están sufriendo periodistas de diferentes medios de comunicación debido a su trabajo y línea editorial y el uso de recursos públicos en contra de opositores dio por terminado su trabajo este 27 de octubre, con la elaboración de un informe final, que será presentado en el término de 15 días al Pleno Legislativo.
Los ilícitos que la Comisión Especial considera que se habría cometido son: actos arbitrarios por parte del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por ordenar el proceso de fiscalización contra un periódico digital. También, estiman que podría haberse incurrido en violación de comunicaciones privadas, captación de comunicaciones, interferencia e intervención de comunicaciones telefónicas, todos contemplados en el Código Penal.
Entre las conclusiones y acciones consideradas en el respectivo documento, está la instrucción que se certifique su contenido y se envíe a la Fiscalía General de la República, para que esta institución haga las investigaciones pertinentes.
Para el presidente de esta instancia parlamentaria, el diputado Emilio Corea de ARENA, queda claro que «funcionarios del Ejecutivo han incumplido de forma deliberada las recomendaciones dadas por el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas».
«En el informe, que será afinado para su presentación, se ha comprobado la existencia de censura indirecta con respecto al otorgamiento de pautas publicitarias oficiales, por lo que se vuelve necesaria la discusión de un proyecto de ley para regular la asignación de la pauta publicitaria», destacó la Comisión Especial.
Los diputados también cuestionaron la no asistencia a la Comisión de varios funcionarios gubernamentales que fueron citados y no atendieron el llamado, como el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria; el presidente de CEPA, Federico Anliker, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, entre otros.
“Se recomienda al presidente de la República para que interponga sus buenos oficios para que sus funcionarios acaten las invitaciones que se emitan de las diferentes comisiones especiales”, reiteró el diputado Corea.
La legisladora Karina Sosa, del grupo parlamentario del FMLN, fue más allá y señaló que el llamado debe extenderse directamente al presidente de la República como «uno de los responsables de violaciones relacionadas al derecho de la libertad de expresión y de prensa en el país».
A juicio de la parlamentaria, el Ejecutivo con sus acciones ha amedrentado y denigrado el trabajo periodístico por medio de acciones sistemáticas tendientes a desacreditar las investigaciones, reportajes y opiniones ofrecidas por los comunicadores.