La Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) envió una carta al representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en El Salvador, César Falconi, para advertir que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, está «violando el contrato» de préstamo de los $250 millones, de los cuales $75 millones han sido destinados a las 262 alcaldías pero aún no han sido transferidos.
COMURES, que representa a las municipalidades, pidió también al BID que interceda ante el gobierno de Nayib Bukele para que cumpla con los términos del contrato, pues este 9 de octubre se cumple un mes de que la Asamblea Legislativa asignó parcialmente al presupuesto $197.4 millones de dicho préstamos, incluyendo los $75 millones para ellos, el presidente Nayib Bukele sancionó el decreto, pero el dinero no ha querido ser transferido.
«La falta de cumplimiento de esta ley está afectando proyectos de desarrollo económico y social a nivel nacional y al menos a 2 millones de salvadoreños que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, principalmente ante el COVID-19», reza parte de la misiva enviada al representante del BID.
«Solicitamos de la manera más atenta, favor interponer sus buenos oficios y realizar gestiones diplomáticas a fin de interceder ante el gobierno central, para que cumpla con los términos del Contrato de Préstamo financiado por el BID y hacerle ver la urgencia de depositar estos recursos a las municipalidades y el daño ocasionado al prestigio, buen nombre y, por consiguiente, a la imagen de nuestro país a nivel internacional, por faltar a los compromisos legales contraídos con esta importante entidad financiera», agregaron.
En medio de reclamos del gobierno central, el 9 de septiembre los diputados asignaron al Presupuesto parcialmente el préstamo del BID, ppr un total de $197,401,355.00 millones. Los recursos quedaron distribuidos así: FOMILENIO II, $55 millones; alcaldías, $75 millones; pago de pensión a veteranos y excombatientes, $52 millones; y Hospital El Salvador, $15 millones.
Antes y después, funcionarios del gobierno y el presidente Bukele criticaron la acción porque asignaron $75 millones a las alcaldías. Lo calificaron como «inconstitucional e ilegal»; sin embargo, el fondo para las municipalidades no presentó ninguna modificación, $75 millones fue lo que se ratificó el 2 de agosto, con el aval de Hacienda y los votos de GANA, ARENA y PCN.
Pese a los reclamos, el mandatario salvadoreño sancionó el decreto y se inició el desembolso para las instituciones favorecidas, menos a las alcaldías.
En las últimas semanas, las alcaldías también han reclamado a Hacienda el pago del FODES, que lleva un retraso de casi 5 meses. Los ediles han calificado estas acciones como una maniobra «política» para presionar a los diputados con la aprobación de más préstamos.