La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga la colocación de títulos, préstamos y donaciones en el marco de la pandemia del COVID-19, así como el uso de estos fondos, acordó este viernes certificar a la Fiscalía General de la República (FGR) el posible cometimiento de delitos del director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, al no cumplir la orden de llevar a la fuerza al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
Tras convocar en tres ocasiones al ministro de Hacienda a la Comisión y no asistir, los diputados ordenaron el miércoles a la PNC llevar bajo procedimiento de apremio al funcionario, pero no se realizó.
De acuerdo a una nota que leyó el diputado Guillermo Gallegos de GANA, Arriaza Chicas argumentó que son «válidos los motivos» dados por Zelaya para no asistir a la Comisión Especial, es decir, el 30 de septiembre ya tenía «compromisos adquiridos», tal es el caso de la presentación del Presupuesto General de la Nación 2021. Por lo anterior, para el funcionario «no se puede utilizar la fuerza pública para llevarlo».
La convocatoria de ese día para el ministro estaba en horas de la mañana y la entrega del anteproyecto se realizó cerca de las 5:30 de la tarde.
Días atrás, Zelaya envió una nota diciendo que no podía llegar a la Comisión, además pidió 15 días para presentar el informe que los diputados le han requerido. Sin embargo, la semana pasada, en declaraciones a la prensa dijo que no asistiría a los llamados porque era «perder el tiempo».
Este viernes, la Comisión acordó no recibir la nota del director de la Policía; dar por incumplida la orden girada y certificar a la FGR el posible cometimiento de delitos por parte de Arriaza Chicas al no llevar al ministro de Hacienda.
También se aprobó por mayoría llevar una moción a los grupos parlamentarios para promover una interpelación en contra del ministro de Hacienda.
El artículo 132 de la Constitución de la República establece que los funcionarios y empleados públicos están obligados a colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa; si se niegan, se enfrentan a consecuencias legales.