La semana pasada, diputados del partido ARENA presentaron una iniciativa para reformar la Ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Tras enterarse, el presidente de la República, Nayib Bukele, la calificó como un intento de “privatización”.
Según la pieza de correspondencia, los diputados piden que se hagan dos reformas importantes: El director del ISSS debe ser nombrado por el Consejo Directivo y ya no por el mandatario de turno y que los dos representantes patronales sean electos por la entidad más representativa de empleadores ante la Organización Internacional de Empleadores.
En ese sentido, Bukele escribió ayer en sus redes sociales: “Mientras todos estamos ocupados en la reapertura, en la Asamblea quieren lograr uno de los sueños de ARENA, desde hace más de 20 años: Privatizar el ISSS”.
El mandatario acusó al presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán, de estar detrás de la iniciativa. “Siman, ahora quiere el Seguro Social. Quieren modificar la regla existente desde hace 70 AÑOS, de que el Presidente de la República nombra a su Director. Para postre, también quieren que la ANEP controle el Consejo Directivo”, dijo.
Actualmente, el Consejo Directivo del ISSS está conformado por 12 representantes: el ministro de Trabajo, cuatro miembros del Gobierno central, dos representantes de trabajadores, un miembro del Colegio Médico, un representante de la Sociedad Dental, el director del ISSS y dos representantes del sector patronal elegido por el presidente de la República.
Los diputados de ARENA justificaron, según reza la pieza, que la petición va ligada a una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, del 14 de mayo de 2014, en la que se establece que «las instituciones autónomas han tenido su origen en la administración central de la cual son independientes en lo administrativo y financiero, pero dicha independencia persigue la única finalidad de lograr una mayor eficiencia y especialización en el servicio público o actividades específicas cuya prestación es necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado».
