Según un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda, las reorientaciones y asignaciones a la emergencia por COVID-19 y tormenta Amanda ascienden a $625.7 millones, las cuales se dividen con $526.7 millones del Fondo General y $99 millones en préstamos externos.
Según Hacienda, estas reorientaciones han permitido atender la reconstrucción de varios hospitales nacionales, la entrega del subsidio $300 a la población “más afectada” la pandemia, iniciar la entrega de paquetes alimentarios en todo el país, entre otras acciones.
El gobierno salvadoreño ha solicitado $2,000 millones para todas las acciones emergentes por el COVID-19 en las áreas de bienestar social, salud y economía. Los préstamos que contemplan este monto incluyen un proceso de negociaciones con entes financieros, así como prolongadas aprobaciones legislativas, es así que el Ejecutivo ha desarrollado una estrategia que contempla deuda de corto plazo para atender de manera oportuna estas necesidades.
Para los destinos de estos fondos se han utilizado dos herramientas legales, la primera basada en el artículo 5 de la Ley de Ley de Creación del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres que expone: “Cuando ocurra un siniestro que demande el apoyo urgente de recursos del FOPROMID, el Ministro de Hacienda, quien haga sus veces o el funcionario designado, previa solicitud del Ministerio de Gobernación procederá a transferir los recursos necesarios”.
La segunda herramienta es basada en el artículo 45 de la Ley de Administración Financiera, que consistió en cambiar las modificaciones presupuestarias de algunas instituciones para reorientar hacia otros, en destinos que ya no iban a poderse ejecutar.
Hacienda ha elaborado un informe que contiene información detallada y está disponible para su consulta en el sitio web: www.mh.gob.sv.