El presidente de la República, Nayib Bukele, se reunió este miércoles con dirigentes sindicales para consultarles su postura sobre las medidas tomadas contra la pandemia de COVID-19, ley de emergencia y la reapertura de la economía. Estos grupos mostraron su apoyo y aseguraron que serán ellos quienes presenten una demanda en contra de la Asamblea Legislativa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la reunión con los líderes sindicales, el Presidente criticó a los diputados, especialmente a las bancadas de ARENA y FMLN, a quienes acusó de estar «literalmente planificando la muerte de miles de salvadoreños», con su insistencia de abrir al corto plazo la economía y permitir la reactivación del servicio de transporte público.
Añadió que “en todo el mundo el transporte público se ha convertido en el segundo foco de contagio masivo de COVID-19, pero que en el país, es la principal fuente de propagación del coronavirus, debido a sus deficiencias”.
En este sentido, los líderes sindicales expresaron su respaldo «rotundo» a las medidas tomadas por el mandatario para contrarrestar la pandemia y anunciaron su acompañamiento a la propuesta de ley de emergencia, que defiende el Gobierno ante los diputados.
«Hemos logrado entender que el único aliado que la clase trabajadora y el pueblo tiene, es usted», manifestó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), Roswald Solórzano, quien anunció la denuncia ante la CIDH en contra de diputados.
El 20 de mayo, el presidente Bukele anunció que presentaría una demanda en contra de los diputados y la Sala de lo Constitucional porque supuestamente ellos atentan contra la vida de la población, sin embargo el mismo presidente de la CIDH respondió que es improcedente.
Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH sólo atiende demandas de particulares o entidades no gubernamentales contra un Estado y no demandas de un Estado contra otro poder de Estado de un país.
Quieren nacionalizar el sistema de pensiones
Durante la reunión, Roswald Solórzano, del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), también pidió que el Gobierno impulsara una “nacionalización del sistema de pensiones”. Para ello, presentó una propuesta de esta gremial y otras, aglutinadas en el movimiento No+AFP, cuyo propósito es derogar la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP).
Bukele firmó la propuesta y mostró apoyo, pero señaló que si se hiciera al menos una reforma, esto “también dependería de los diputados».
«De hecho, la última reforma que fue totalmente nociva fue aprobada por ARENA y FMLN. Y la primera reforma de 1997, también fue aprobada por ARENA. Yo lo que quiero es, que trabajemos varias propuestas, el tema de pensiones es medular, pero hay varias otras, como el sector informal, que ellos no cuentan con nada (…) Tenemos que discutirlo, definitivamente es necesaria una reforma, lo dijimos varias veces, en campaña y ya como presidente”, dijo Bukele.
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